PSOE-A teme "pérdida de empleos" con el nuevo convenio Junta-registradores y Bravo dice que busca un "servicio efectivo"

SEVILLA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha defendido este jueves que la Junta de Andalucía busca prestar un "servicio efectivo" con el nuevo convenio que negocia con el colectivo de registradores de la propiedad en materia de oficinas liquidadoras y de gestión de impuestos, mientras que la diputada del PSOE-A Rosa Aguilar ha advertido de que provoca una "pérdida de empleos".

Así se lo ha trasladado la parlamentaria socialista al consejero en el transcurso de una pregunta que le ha formulado en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno de la Cámara autonómica, donde Juan Bravo ha recordado que el 31 de diciembre de 2019 expira la vigencia del convenio de la Junta con los registradores de 26 de julio de 1999 y, con él, se pone fin al régimen de atribución de funciones aprobado por Decreto 106/1999, de 4 de mayo, previo a la creación de la Agencia Tributaria de Andalucía.

Esto obliga a establecer "un nuevo sistema de relación", según ha defendido Bravo, quien además ha aludido a los avances en materia de administración electrónica, la mejora de la información y los medios de control, así como los cambios normativos que afectan a los tributos que gestiona la Agencia Tributaria de Andalucía, como razones que "determinan la necesidad de establecer un nuevo modelo de colaboración que se ajuste a las exigencias del escenario tecnológico, normativo y de gestión".

Por eso, según ha explicado, el Gobierno andaluz viene negociando desde el pasado verano con el colectivo de registradores para "hacer un servicio efectivo a la ciudadanía, reducir al mínimo el coste de la tramitación, luchar contra el fraude fiscal, facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y, también, la coordinación, eficacia y eficiencia".

Y todo ello, según ha defendido, "sin que se cierre ninguna de las oficinas liquidadoras", ya que "se mantienen las 91 existentes, y se asegura un marco económico en el convenio que cubre el mantenimiento de todo el personal".

Sin embargo, la diputada Rosa Aguilar ha acusado al consejero de haber adoptado, en relación con dicho convenio, "un conjunto de decisiones que son la expresión de la falta de rigor y ponen de manifiesto el cambio a peor".

Son decisiones "contrarias a derecho en el procedimiento, arbitrarias, injustas, porque es un servicio que se presta con eficacia, eficiencia y rentabilidad", y que además se han adoptado "con falta de claridad y transparencia", según ha continuado Aguilar, quien ha apuntado su sospecha de que "acaso detrás de esta operación se esconden intenciones inconfesables".

La diputada socialista ha insistido en que estas decisiones "van a significar la pérdida de puestos de trabajo y un mazazo para el mundo rural", además de que "van a perjudicar de manera singular a las personas mayores".

PSOE-A PIDE UNA RECTIFICACIÓN

"No hay ni una sola razón que justifique su actuación, ni tecnológica ni normativa ni de gestión", le ha espetado Aguilar al consejero, a quien ha pedido que "no haga trampas ni mienta más", porque aunque la Junta mantenga abiertas las oficinas liquidadoras, "a 67 les quitan las competencias y les dan funciones menores y residuales, por lo que los ciudadanos pierden servicios que se realizaban con pleno rendimiento, garantía, seguridad y profesionalidad".

Según ha agregado, eso es "un cierre encubierto" con el que desde la Junta "están causando daño a la ciudadanía y comienzan a pagar los pueblos". Además, ha pedido a Bravo que "no se esconda detrás de la administración electrónica, porque en el mundo rural se necesita que se queden las 91 oficinas con competencia".

Así las cosas, la diputada socialista ha pedido al consejero que "reconsidere su decisión, que renueve el contrato con los registradores de la propiedad y deje las competencias en las 91 oficinas".

Por su parte, el titular andaluz de Hacienda ha replicado enfatizando que "lo que hagamos será con acuerdo con registradores", quienes "van a votar el acuerdo para este convenio el 23 de diciembre", y ha insistido en defender que "no se va a cerrar ninguna oficina liquidadora", y la Junta va a llevar a cabo todo esto con "acuerdo, consenso y generosidad", según ha finalizado.