Sanz defiende la "humanidad" del acuerdo con Vox y la "transparencia" de la auditoría del gasto sanitario por migrante

1101453.1.260.149.20260703110007

SEVILLA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha sostenido este viernes que el acuerdo de gobierno firmado entre el PP y Vox "defiende la dignidad del ser humano por encima de todo". Un acuerdo, ha subrayado, de "legalidad, justicia y humanidad", así como un "ejercicio de transparencia" en cuanto a una de las medidas que se recogen en el mismo --la número 100--: la autoría del gasto sanitario por migrante.

En declaraciones a los medios, Antonio Sanz ha enumerado las medidas en materia sanitaria recogidas en el pacto. Un pacto con el que, según ha dicho, "estamos muy ilusionados" ya que es una "apuesta por la estabilidad durante los próximos cuatro años.

En relación a la auditoría sanitaria anual sobre el coste "directo e indirecto" sanitario derivado de la atención a extranjeros en Andalucía, PP y Vox han acordado que esta auditoría se inicie en los "seis primeros meses de gobierno" de forma que el primer informe se pueda publica antes de que acabe 2026. "Es un ejercicio de transparencia", ha remachado Sanz.

Esta auditoría buscará diferenciar "en la medida que lo permita la legislación vigente" entre residentes legales, desplazados temporales, personas sin residencia legal acreditada, asistencia urgente, farmacia, hospitalización, Atención Primaria, urgencias, partos, pruebas diagnósticas y atención especializada. "La medida deberá incluir también el coste no compensado por el Estado, por otros países o por convenios internacionales, así como las facturas emitidas, cobradas y pendientes de cobro".

En el apartado sobre sanidad, PP y Vox han acordado 29 medidas, entre las que destacan un incremento del presupuesto; una auditoría y plan de choque para reducir las listas de espera quirúrgicas, diagnósticas y de consultas externas; agenda "real de consulta el mismo día" en Atención Primaria para procesos agudos y pediatría; desburocratización sanitaria en Atención Primaria; plan de estabilidad laboral para profesionales del SAS --calendario antes de junio de 2027-- e incentivos para plazas rurales y de difícil cobertura.

Además, contratos puente para MIR, EIR y nuevos especialistas formados en Andalucía; plan de retorno de sanitarios españoles que trabajan fuera de Andalucía o fuera de España; mejora salarial y de condiciones laborales del personal sanitario; plan de infraestructuras por provincias y un plan integral de salud mental con primera cita en plazo y equipos infanto-juveniles en cada provincia, cuya aprobación se fija en seis meses.

El acuerdo rubricado este mismo jueves por el PP y Vox por el que Juanma Moreno ha vuelto a ser elegido presidente de la Junta de Andalucía para los próximos cuatros años especifica que Andalucía "no --acogerá-- más menores extranjeros no acompañados", el veto al burka y al nicab en espacios públicos y una revisión de la Ley de Cambio Climático, de 2018, para "eliminar toda carga que perjudique al campo, la ganadería, la pesca, la industria, los autónomos y los sectores productivos andaluces".

En el texto del acuerdo difundido por ambas formaciones tras su firma, PP y Vox suman fuerzas para oponerse "por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad". "No participará --continúa el documento-- en ningún caso en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia en Andalucía, no habilitando nuevos centros ni creando plazas en los existentes, así como reduciendo el gasto en esta material al mínimo imprescindible".

Concluye lo referido a los menores migrantes no acompañados con el compromiso expreso de que la Junta "cumplirá el marco legal vigente en lo referido a la llegada de inmigrantes ilegales a las costas andaluzas". El acuerdo recoge que se reservará una partida presupuestaria para realizar pruebas de edad con las que "evitar fraudes en la condiciones de menor y el colapso de los servicios".

Igualmente, se auditarán anualmente los gastos vinculados "a la inmigración masiva"; se suprimirán de manera íntegra las subvenciones de organizaciones no gubernamentales que "favorezcan la inmigración ilegal"; se endurecerá el régimen interno de los centros de menores; se prohibirá el uso del burka y el nicab en espacio públicos "antes de fin de 2026" y se creará un servicio de "verificación del fraude prestacional y del padrón de residencia efectiva" que, por ejemplo, tendrá un "papel activo" en el "desmantelamiento" de las "mafias" que están detrás, según el acuerdo, de los denominados 'pisos patera'.

En materia educativa, se pondrá "fin" al programa de lengua árabe y cultura marroquí en Andalucía y se muestra el rechazo "explícito" a "cualquier programa de adoctrinamiento en las aulas y a cualquier injerencia extranjera o intento de diluir nuestra identidad". Además, se impulsará desde el curso 2027/2028 la concertación "progresiva" del Bachillerato.

Sobre medio ambiente, el acuerdo de legislatura entre el PP y Vox supondrá una revisión de la Ley de Cambio Climático ya que "las políticas públicas en materia de cuidado del medio ambiente se orientarán siempre a medidas útiles, realistas y técnicamente justificadas sin que en ningún caso puedan suponer trabas, costes o restricciones a cualquier sector productivo andaluz". Igualmente, "se eliminará todo gasto público destinado a la imposición de agendas ideológicas, reorientando los recursos hacia la gestión del agua, la prevención de incendios, las infraestructuras agrarias, la innovación aplicada y la protección de las explotaciones andaluzas".

Desde el primer presupuesto, es decir, desde el de 2027, el Gobierno andaluz "procederá a la reducción al 50% de las subvenciones destinadas a sindicatos y organizaciones empresariales por el ejercicio de la participación institucional, así como a las entidades privadas que no acrediten de forma objetiva una utilidad pública efectiva". Por último, en el punto 14 del acuerdo --leyes ideológicas--, el acuerdo explicita que los grupos parlamentarios de la coalición aprobarán una Ley de Concordia que "sustituya la normativa vigente en materia de memoria histórica".