SEVILLA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Jaén ha archivado las denuncias del Partido por la Libertad con las Manos Limpias y del PP contra la exdelegada de Empleo en Jaén Irene Sabalete Ortega, a la que atribuyeron delitos de amenazas y tráfico de influencias por haber instado a trabajadores de la Junta a hacer "campaña electoral" en favor del PSOE para las elecciones andaluzas celebradas en 2012.
En el decreto de archivo, fechado el pasado 22 de abril y al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público considera que los hechos narrados en las denuncias "no constituyen infracción penal alguna, en concreto no constituyen el delito de amenazas del artículo 171.1 ni el delito de tráfico de influencias del artículo 428, ambos del Código Penal".
Sabalete fue una de las 16 personas detenidas el pasado mes de marzo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la operación 'Barrado' contra el fraude en los cursos de formación, quedando en libertad con cargos tras comparecer ante la juez Mercedes Alaya.
LA DENUNCIA
En su denuncia, el Partido por la Libertad expone la transcripción de una "grabación" llegada a sus manos, en la que se escucha una reunión en la que "un cargo de la Junta de Andalucía", en concreto Irene Sabalete, habla ante un auditorio de empleados públicos de la administración andaluza --en concreto de una Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt)-- en fechas previas a las elecciones autonómicas de marzo de 2012.
De cualquier modo, esta mujer expone a los empleados públicos de la Junta de Andalucía que de manera inminente y de manera "personal" se jugaban "seguir trabajando aquí o que cada uno se busque la vida como pueda", porque "los directores y el personal que está en el consorcio está totalmente garantizada su continuidad, siempre y cuando ganemos las elecciones".
"A partir del lunes que acaba la ola de frío, os quiero a todos, si queréis y si os comprometéis con este proyecto y con la continuidad personal vuestra, haciendo campaña electoral. Os quiero hasta el 23 de marzo en la calle, que nadie esté en la oficina. La gestión dejadla un poco aparte, totalmente aparte, os quiero a todos visitando a las empresas a las que les hemos dado ayudas", expone la protagonista de la grabación.
NI AMENAZAS NI TRÁFICO DE INFLUENCIAS
La Fiscalía considera que el delito de amenazas "exige para su apreciación la posibilidad del concreto mal que se anuncia y que este mal dependa de la voluntad de quien lo anuncia, del sujeto activo del delito, lo que no quiere decir que sea este quien lo vaya a ejecutar personalmente pero sí que tenga el dominio de su realización".
En este sentido, asevera que de las manifestaciones realizadas en la grabación por Irene Sabalete "se desprende que el mal que anuncia al personal de la Utedlt es que no van a seguir trabajando para la Junta, pero este no depende de su voluntad ni por lo tanto tiene el dominio de su realización", ya que "como también ella les manifiesta ello sería consecuencia de que ganara las elecciones el PP y porque este partido, en las comunidades donde gobierna, no es partidario de la existencia de estos consorcios".
"Es decir, para que ese mal anunciado se realizara sería necesario que las elecciones que se celebrarían en marzo de 2012, las ganara el PP y que este al formar gobierno decidiera suprimir los consorcios creados por el gobierno anterior", por lo que "más que conminarles con un mal cuya realización no depende de ella, les advierte de las consecuencias para su puesto de trabajo de que las elecciones no las ganara el PSOE", sostiene la Fiscalía de Jaén.
"REPROCHES" EN OTROS ÁMBITOS
De este modo, "y sin perjuicio de los reproches que estas manifestaciones puedan merecer en otros ámbitos, las mismas no son constitutivas del delito de amenazas que se imputa en la denuncia".
El Ministerio Público tampoco aprecia un delito de tráfico de influencias, ya que la conducta típica de dicha infracción consiste en la influencia ejercida por una autoridad o funcionario sobre otra autoridad o funcionario para conseguir de este una resolución que le pueda generar un beneficio económico para sí o para un tercero.
"Pese a que pueda entenderse que las manifestaciones de Sabalete tratan de influir en las conductas del personal de la Utedlt para que estos realicen una actividad concreta, lo cierto es que el precepto penal exige que la influencia vaya dirigida a conseguir del funcionario o autoridad una 'resolución'", recoge el decreto de archivo.
Añade que "esta expresión tiene un significado técnico específico que deja fuera del ámbito de este tipo delictivo aquellas gestiones que, aunque ejerzan una presión moral indebida, no se dirijan a la obtención de una 'verdadera resolución', sino a actos de trámite, informes, consultas o dictámenes" que "no constituyen resolución en sentido técnico".
"ACTIVIDAD DE PROPAGANDA ELECTORAL"
En el caso de Sabalete, "la presión moral ejercida no se dirige a la consecución de una 'resolución' beneficiosa sino al desarrollo de una actividad de propaganda electoral a favor del partido gobernante, hecha además con la advertencia de 'si queréis y os comprometéis con este proyecto'".
Tras conocer el archivo dictado por la Fiscalía de Jaén, el abogado y candidato del Partido por la Libertad con las Manos Limpias a la Alcaldía de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), Ángel Bordas, ha señalado en un comunicado que no "entiende" la decisión y ha anunciado que estudiará denunciar los hechos en los juzgados.
"¿La Fiscalía de Jaén entiende que es plenamente legal tener una red clientelar de funcionarios al servicio del PSOE realizando campaña electoral?", se ha preguntado.
