SEVILLA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -
La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha citado de nuevo a declarar como imputado este jueves al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero por las ayudas a Altadis y A Novo Comlink.
Además de a Guerrero, que estuvo hasta en dos ocasiones encarcelado por el caso ERE, la magistrada Mercedes Alaya ha citado a declarar este jueves a los también exdirectores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, al exdirector general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano y a la exasesora de la Dirección General de Trabajo María José Rofa.
La juez también había citado este jueves a Manuel Jiménez de Miguel, quien fuera beneficiario de una póliza vinculada a A Novo Comlink "por el simple hecho de su pertenencia al PSOE de Sevilla" y pese a que no habría prestado "servicios efectivos" para esta sociedad, garantizándose entre 2.159 y 9.221 euros al mes entre 2008 y 2017.
No obstante, la magistrada ha señalado en un auto que "ha sido imposible localizar" su domicilio a fin de notificarle su citación, por lo que ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que "practique diligencias encaminadas a identificar e informar al Juzgado" de dicho domicilio.
En relación a Altadis, la juez relata que se trata de "una empresa de ámbito nacional que desde 2000 venía efectuando un ajuste de su personal mediante extinción de contratos laborales a través de jubilaciones y bajas incentivadas".
La juez relata que "los resultados obtenidos no fueron suficientes" para lograr la competitividad de la empresa y, por ello, se diseñó un nuevo plan industrial "que conllevaría un nuevo ajuste de plantilla" que se llevó a cabo a través de un ERE en el año 2005, aunque el 3 de diciembre de 2004 Altadis firmó un acuerdo con UGT, CCOO y la Dirección de Trabajo "por la que ésta última se comprometía a pagar una parte de la póliza de seguros de prejubilación para trabajadores con edades a partir de 51 años, siendo el resto asumido por la empresa".
"Consecuencia" de este acuerdo, en julio de 2005, Altadis y la Dirección de Trabajo firmaron un anexo "por el que quedó fijado el compromiso de la Junta de abonar 26 millones de euros a una póliza de seguros para trabajadores, de los que no consta relación nominal indispensable para identificar a los afectados, de Sevilla y Cádiz, 'con una de las compañías de seguros con las que habitualmente trabaja la Junta', compromiso que no fue autorizado por el Consejo de Gobierno".
"CHEQUE EN BLANCO CONTRA LOS FONDOS ANDALUCES"
Finalmente, el ERE de 2005 de ámbito nacional se aprobaría el 3 de agosto de 2005, autorizando a Altadis a extinguir las relaciones laborales de hasta 898 trabajadores de su plantilla, entre los que se encontrarían 176 del centro de Cádiz y 209 del de Sevilla, asevera Alaya, que concreta que el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero y el exdirector de IDEA Miguel Ángel Serrano firmaron un convenio de colaboración el 19 de febrero de 2008 "por el que se materializarían las ayudas sociales derivadas" del acuerdo de diciembre de 2004 para el pago de tres pólizas.
Este convenio de colaboración "no recogía el importe de las ayudas, lo que supuso un cheque en blanco contra los fondos andaluces, que serían utilizados discrecionalmente y sin control, modificándose las prestaciones de los asegurados, lo que provocaba automáticamente el incremento de las primas a satisfacer por la Junta", de manera que "del inicial compromiso de abonar 26 millones de euros se llegaría a la cifra de 34,4 millones".
De otro lado, y en relación a A Novo Comlink, dice la juez que la empresa "pasaba por dificultades económicas, por lo que en el año 2004 se dirigía al presidente de la Junta y al consejero de Empleo en busca de soluciones para garantizar la continuidad de esta sociedad en Málaga", constando en el expediente el acta de una reunión el 20 de mayo de 2004 en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, "a la que habrían asistido el presidente de la Junta --entonces Manuel Chaves--, autoridades laborales y los principales representantes sindicales".
En esta reunión "se acuerda establecer las líneas básicas para salvar la empresa a través de un plan de viabilidad, una mesa de negociación y la implantación de un plan de formación, y todo ello con el apoyo de la Junta", asevera la juez, que agrega que "la ausencia de procedimiento legal, de fiscalización previa, de la publicación de bases reguladoras, en definitiva, de todas las deficiencias señaladas respecto a los expedientes de ayudas tramitados por la Consejería de Empleo" investigados, "provocarían un sangrado continuo de los fondos públicos a favor de A Novo".
La magistrada concluye que, "de los compromisos asumidos por la Junta y que ascendieron a 35,9 millones, serían efectivamente abonados por IFA/IDEA 35,2 millones con total ausencia de procedimiento".
