Foto: EUROPA PRESS
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SEVILLA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano, ha negado la existencia de "connivencia" entre la administración autonómica y la promotora Azata a cuenta del hotel ubicado en el paraje del Algarrobico, en la playa de Carboneras (Almería), donde, ha vuelto a insistir, el Ejecutivo andaluz actuará cuando se dé la "máxima seguridad jurídica".
En respuesta a una pregunta elevada en el Pleno del Parlamento andaluz por la diputada de IULV-CA, Rosalía Martín, que se ha interesado por el hecho de que la Junta no ejerza el derecho de retracto sobre los terrenos propiciado por sentencia judicial, Serrano ha reiterado que la voluntad del gobierno andaluz es la de restablecer la legalidad urbanística alterada, respetando las decisiones de los tribunales.
Ha recordado que la última sentencia judicial, en este sentido, considera el suelo como meramente urbanizable, por lo que, desde el "firme" compromiso de la Junta con la protección del litoral, se pretende desde la administración andaluza "actuar con todas las cautelas y garantías jurídicas", pidiendo a los tribunales "celeridad" para resolver este asunto.
Sin embargo, Martín ha recordado que "su Consejería ha dado lugar a ese engendro de hormigón y ladrillo" y ha criticado que el departamento que encabeza Serrano "vuelve a no saber dónde situarse". "No se ha admitido la recusación de los jueces, por lo que es de suponer que la sentencia legalizando el hotel la pueden sacar en algún momento, cuando menos impacto mediático tenga, y eso significaría seguir con la obra", ha subrayado.
La parlamentaria de la federación de izquierdas, así, ha apuntado la posibilidad de una "connivencia" por la que la Junta no inscribe los terrenos a su nombre, reclamando por ello que se ejerza de manera "inmediata" el derecho de retracto sobre la finca, pues "cuando hayamos perdido la posibilidad no podremos restaurar la zona".
En respuesta, Serrano ha criticado que las acusaciones de IU son "fuertes" y que no las va a "tolerar", puntualizando que existen recursos pendientes de resolución en el Tribunal Supremo y que, hasta tanto, no se puede ejecutar la normalización de compra de los terrenos, "porque no sería justo ni actuaríamos con la responsabilidad que tiene que tener el gobierno con el dinero de todos".
