Cree que existe vía para recurso porque Jorge Barreiro no respondió sobre su última petición de archivo
MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
El exconsejero de Presidencia de Andalucía y aún diputado Gaspar Zarrías ha presentado este viernes un escrito en el Tribunal Supremo en el que solicita la paralización, de momento, del suplicatorio que este órgano tiene previsto remitir al Congreso para poder seguir investigándole por un delito de prevaricación administrativa en la causa de los ERE fraudulento.
Según la defensa de Zarrías, que ejerce el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, pese a que en principio la exposición razonada que hizo pública el instructor del caso no es recurrible, existe una vía para lograr que los tres magistrados de la sala de recursos acabe revisando estas conclusiones. Se basa en que el juez Alberto Jorge Barreiro dictó este jueves sus conclusiones sin proveer antes un escrito que el exmandatario remitió el pasado miércoles instando al archivo de la causa.
La exposición del juez Jorge Barreiro, que contiene un pronunciamiento sobre indicios equivalente al auto por el que se da por finalizada una instrucción, viene a "desestimar tácitamente" la petición de archivo, según defiende Zarrías en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press.
Por ello, su defensa se dirige a la Sala de Admisión -que es la que debe tramitar el suplicatorio-, para comunicarle su intención de recurrir ante el tribunal que ve los recursos, integrado por los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar y José Ramón Soriano.
"Esta comunicación se efectúa a fin de que la Sala de Admisión, ante la evidencia de que la iniciativa del instructor no es firme y va a ser objeto de recurso, acuerde suspender su pronunciamiento hassta tanto la sala de recursos se pronuncie sobre dicha iniciativa", señala el escrito.
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Con esto, la defensa del exconsejero buscar ganar tiempo en tanto en cuanto se tramita su renuncia al escaño, que aún no ha sido formalizada, manteniendo así la causa en el Tribunal Supremo y evitando su envío al Juzgado de Instrucción número 6.
En su exposición motivada, el juez Jorge Barreiro realizaba duras acusaciones contra el sistema establecido durante diez años, de 2000 a 2010, para conceder ayudas socio laborales a empresas y particulares por parte de la Junta de Andalucía.
El juez relata cómo el sistema legal de subvenciones se fue modificando para convertirse con el paso del tiempo en la figura de transferencias de financiación, con una ausencia del control propio de las subvenciones.
En su recurso de petición de archivo, Zarrías admitía e que la Junta "visto lo sucedido", pudo haber extremado "sus cautelas, prevenciones y controles", si bien más allá de esta realidad afirma que la Consejería de Presidencia que él presidía "no fue cómplice de las eventuales desviaciones de fondos que pudieron cometerse en la gestión de las ayudas".
