El Ejecutivo de Lambán prevé ingresar entre 85 y 100 millones de euros adicionales el año próximo, cumpliendo su compromiso de investidura
ZARAGOZA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
Una "amplísima mayoría" de los aragoneses no pagarán los nuevos gravámenes aprobados en el proyecto de ley de medidas tributarias para asegurar el mantenimiento de los servicios públicos, mediante el que el consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, prevé recaudar entre 85 y 100 millones anuales adicionales, el equivalente al coste de la renta social básica que se creará esta legislatura.
El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno este martes y se prevé que, tras la aprobación en las Cortes de Aragón, tenga efecto desde el 31 de diciembre próximo.
Gimeno ha señalado que con este proyecto de ley se rompe la tendencia establecida por el Ejecutivo anterior (PP-PAR), que situó a la Comunidad en el segundo lugar del ranking de comunidades con menos impuestos, después de Madrid.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno ha expresado que el objetivo de esta iniciativa legislativa es "clarísimo": el mantenimiento de las políticas sociales, en alusión expresa a la sanidad, la Educación, la renta básica, la atención a la dependencia, la investigación, la universidad y la vivienda.
Ha traído a colación un informe de la Intervención General de la Comunidad Autónoma que señala que el saldo contable es de -700 millones de euros, el gasto pendiente de aplicar al Presupuesto es de 501 millones y el déficit en contabilidad nacional se sitúa en el 2,01 por ciento, ante lo que el Gobierno de Javier Lambán ha tomado medidas para disminuir el coste de los intereses y las amortizaciones de deuda.
Ha recalcado que "si queremos garantizar los servicios públicos hace falta hacer un esfuerzo mínimo que significa tener más ingresos" con la parte de la cesta de impuestos sobre la que tiene competencia la Comunidad Autónoma, a lo que se añaden los aproximadamente 180 millones que la Administración regional recibirá el año próximo desde el Estado.
"REFORMA MÍNIMA"
A juicio de Fernando Gimeno esta es "una reforma mínima" y consiste en "hacer lo que han hecho las comunidades autónomas" en la legislatura anterior, criticando después al Gobierno de Rudi por bajarlos y por no adherirse al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
Ha detallado que el 99,5 por ciento de los aragoneses pagarán en 2016 el mismo IRPF que el año anterior y el 97,5 por ciento no se verá afectado por la reforma del impuesto de sucesiones y donaciones. "Hay que buscarlos con lupa", ha dicho Gimeno en alusión a los afectados. Las pymes y las empresas familiares están excluidas de esta subida "porque prima la creación de empleo" y el Ejecutivo no quiere "distorsionar" la continuidad de las empresas.
El IRPF subirá para las rentas desde 90.000 euros anuales, que pagarán un 23,5 por ciento, mientras que quienes tengan unos ingresos de 120.000 euros abonarán el 24,5 y los que rebasen los 175.000, un 25 por ciento. Los seguros privados de salud no podrán desgravarse.
En cuanto al impuesto sobre determinados hidrocarburos, que permitirá recaudar 18 millones más, ha indicado que están excluidos los agricultores, transportistas, taxistas y la calefacción de los hogares. "Lo que va a pagar un coche es una cifra tan sorprendente como tres euros", ha dicho Gimeno, apuntando que los impuestos que gravan un menú del día de 10 euros son más elevados que lo que se pagará por este impuesto al mes. Además, todas las comunidades autónomas lo cobran.
Con la subida del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados Aragón --34 millones más-- se situará en la media de las comunidades autónomas. El consejero ha recordado que varias comunidades gobernadas por el PP cobran este impuesto y que los populares aragoneses "podrían preguntar a sus compañeros de otras zonas".
Se creará una bonificación en cuota del 12,5 por ciento en la adquisición de vivienda habitual para los ciudadanos de menos de 30 años y los que tengan una discapacidad igual o superior al 65 por ciento, que seguirán tributando al siete por ciento.
El tipo general del impuesto pasa del siete al ocho por ciento, y al nueve para bienes cuyo valor supere los 500.000 euros, dando unas cuotas inferiores a las de la mayoría de las comunidades autónomas.
En el impuesto sobre el patrimonio se ha puesto un límite de 500.000 euros, reduciéndose el mínimo exento en 200.000 euros, sin estar afectada la vivienda habitual, ni los fondos de pensiones, así como las empresas familiares. Es "un impuesto moderado" con el que se pide "un pequeño esfuerzo" a los que tienen más capacidad tributaria.
En el impuesto de sucesiones y donaciones se elimina la bonificación del 65 por ciento que se aplicaba a quienes tenían un patrimonio superior a 402.678,11 euros, lo que en 2014 ha beneficiado al 2,5 por ciento de los contribuyentes. El Gobierno de Lambán vuelve a la situación de 2011.
Por otra parte, Fernando Gimeno ha dicho que la burbuja financiera "vuelve a preocupar" porque se están volviendo a hacer financiaciones del 100 por cien para la compra de vivienda.
IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
En cuanto a los impuestos medioambientales, "no hemos sido innovadores", ya que Galicia y Castilla y León ya cobran una tasa a las empresas que gestionan embalses, que en Aragón pagarán por la ocupación de suelo. Gimeno ha dicho que en las ciudades se cobran tasas por ocupar la calle con mesas y sillas.
"No queremos perjudicar a los que explotan y utilizan los embalses", ha afirmado Gimeno, quien prevé recaudar con este impuesto 12 millones. También se gravarán algunos tendidos eléctricos y las telecabinas. El consejero ha apuntado que el Gobierno quiere recuperar la competencia para cobrar el impuesto por contaminación de las aguas a las empresas titulares de depuradoras.
"JUSTICIA SOCIAL"
El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, quien representa a CHA en el Gobierno de Lambán, ha defendido este proyecto de ley al afirmar que recoge medidas "absolutamente necesarias para garantizar políticas sociales" porque "no es posible que sigamos actuando solo en el lado de los gastos, como ha venido haciendo la derecha".
Con el anterior Ejecutivo, Aragón ha tenido "el dudoso honor de ser una de las comunidades con menor presión fiscal y mayor déficit", ha continuado Soro, en cuya opinión solo con esta ley se podrá recuperar en 2016 la calidad de la sanidad pública, la atención a la dependencia y crear la renta social básica. "Este proyecto de ley es la antesala para poder articular unos Presupuestos de justicia social".
También ha considerado que el Gobierno ha exprimido al máximo la capacidad tributaria de la Comunidad para legislar desde la óptica de la justicia social, "haciendo políticas tributarias justas" y basadas en los principios de igualdad y progresividad.
Los nuevos gravámenes "recaerán de forma muy focalizada en las rentas más altas", lo que "va a redundar en beneficio de la ciudadanía" ya que se mantendrá la calidad de los servicios públicos, ha dicho Soro, quien ha resaltado que así se están cumpliendo los compromisos suscritos por el PSOE, CHA, IU y Podemos.
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