ZARAGOZA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
El secretario de salud laboral de CCOO Aragón, Luis Clarimón, ha presentado este martes una campaña de prevención frente al riesgo de estrés térmico por elevadas temperaturas en la que el sindicato reclama a las administraciones mayor flexibilidad para adaptar el trabajo a las condiciones climatológicas.
CCOO quiere evitar que se repitan incidentes en los que los trabajadores pueden llegar a sufrir erupciones o edemas por calor, síncopes y desmayos, calambres o incluso en último extremo el más grave que puede desembocar en el fallecimiento de la persona.
Esta medida de adaptación y flexibilización, ha defendido, debe saltarse lo establecido en la licitación de los contratos si así resulta necesario, y que debe venir acompañada de un cambio de las ordenanzas municipales para poder iniciar los trabajos antes de las ocho de la mañana en el caso de atravesar una ola de calor.
"Hay dos derechos que confrontan, el derecho de la ciudad al descanso y otro, el derecho de los trabajadores y trabajadoras a preservar su salud y su vida, por lo que los ayuntamientos tienen que ver cómo hacen esta gestión, pero pensamos que es necesario para afrontar lo que viene, que está pasando", ha advertido.
Clarimón ha recordado que existe un amplio espectro de trabajadores especialmente afectados por las elevadas temperaturas, como todos aquellos dedicados a la agricultura, la ganadería, silvicultura y jardinería; los que se dedican a la instalación y explotación de mantenimiento de líneas de energías renovables, los que se ocupan de la limpieza urbana y la recogida de residuos, la minería a cielo abierto, los trabajos de vigilancia y control del tráfico, además de policías, militares, forestales, sanitarios y bomberos, repartidores y quienes se dedican a la carga y descarga de mercancías, entre otros muchos.
El portavoz de CCOO ha recordado la vigencia del Real Decreto-Ley de mayo de 2023 que regula el trabajo ante las temperaturas en exteriores y las numerosas campañas que lanzan las administraciones públicas y organizaciones, con recomendaciones a los trabajadores, aunque ha establecido que la responsabilidad es de las empresas.
"Está bien que nos digan beba usted agua, póngase crema solar, permanezca a la sombra, pero resulta que los trabajadores no tenemos autonomía para tomar nuestras propias decisiones. Tiene que ser la empresa la que nos diga que tenemos que trabajar a la sombra, tiene que ser la empresa la que provea a trabajadores y a trabajadoras de agua fresca, de equipos de protección, la que cambie los horarios... es ella la responsable de evitar el riesgo", ha defendido.
Esos cambios en la organización del trabajo, ha sostenido Clarimón, deben realizarse "independientemente de lo que pongan en la licitación del contrato, para que no se pueda trabajar en horas de elevado riesgo por altas temperaturas".
El responsable de salud de CCOO ha recordado el fallecimiento de un barrendero en Madrid cuando trabajaba al sol a primera hora de la tarde: "No pasa nada por esperar a que acabe una ola de calor que dura cinco, seis, siete u ocho días para realizar algunas tareas pendientes que no son urgentes o realizarlas a primera hora de la mañana".
El sindicato, con la ayuda de una subvención del Gobierno de Aragón y de la Fundación Estatal de Prevención de Riesgos Laborales, ha elaborado una guía formativa dirigida a sus delegadas y delegados, con una tirada de varios miles de folletos en los que se informa sobre cuestiones como el golpe de calor, el estrés térmico, los riesgos por altas temperaturas.
También ha dirigido escritos a todos los ayuntamientos de la Comunidad para que trasladen la información a las empresas subcontratadas dedicadas a limpieza viaria y la recogida de residuos entre otras.
Para Clarimón, "resulta fundamental que las plantillas estén informadas de los avisos o el sistema de alertas establecido no servirá de nada". Por ello, y ante la dificultad que ha asegurado entraña tener a todos los trabajadores suscritos a los sistemas del Ministerio de Sanidad o de la EMED o de Salud Pública del Gobierno de Aragón, ha reclamado que se avance en la evaluación previa del riesgo.
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