El delegado del Gobierno en Aragón dice que la regularización de migrantes "es un proceso de avance" sin efecto llamada

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, en la reunión con entidades sociales de la comunidad autónoma.
El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, en la reunión con entidades sociales de la comunidad autónoma. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN
Europa Press Aragón
Publicado: martes, 12 mayo 2026 11:22

ZARAGOZA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha afirmado este martes que el proceso de regularización extraordinaria de migrantes "es un proceso de avance y de consolidación de personas", recalcando que "no hay efecto llamada porque tienen que estar en España desde finales del año pasado" y tener al menos cinco meses de estancia.

Beltrán se ha reunido en la Delegación con representantes de las organizaciones y entidades que están colaborando con el proceso de regularización. Ha rechazado "los bulos" que "están haciendo que se complique" esta actuación de la Administración.

Ha comentado que se regularizarán unas 500.000 personas "que ya están trabajando con nosotros, viviendo con nosotros, asentadas en nuestras poblaciones y que quieren tener una vida digna" y lo que quiere el Gobierno de España es "darles derechos" y que cumplan sus obligaciones, de forma que "es una incorporación a nuestro Estado de Derecho como cualquier otro español de los que hemos nacido en España".

BENEFICIOS

Fernando Beltrán ha señalado que la regularización "conlleva un conjunto de beneficios", recordando que hace unas semanas las Fuerzas de Seguridad del Estado realizaron una operación contra la trata de seres humanos, liberando en la provincia de Castellón a unas 80 personas de origen pakistaní, nepalí y subsahariano.

"Este es uno de los efectos beneficiosos que tiene el que todas las personas que vienen en nuestro país con el ánimo de integrarse, de trabajar y de mandar dinero a sus familias, a donde quieran que estén, que tengan todos los derechos del mundo y, evidentemente, esto se consigue teniendo un permiso de trabajo y residencia que es a lo que lleva este proceso que estamos arrancando".

También ha comentado que con la anterior regularización cada uno de los beneficiados realizó una aportación fiscal de 4.400 euros al año, lo que "incrementa la hucha de las pensiones y la Seguridad Social" y "tampoco producen un exceso de gastos en materia social ni sanitaria". Ha subrayado que no obtendrán la nacionalidad de forma inmediata, sino el permiso de residencia y trabajo.

El Gobierno de España ha trabajado a través de la Federación Española de Municipios y también en Aragón con la FAMCP", ha continuado el delegado, añadiendo que "hay información suficiente en la Red" y que las entidades sociales "están haciendo un trabajo formidable", a lo que se suma en Aragón el trabajo de las oficinas de Correos y de la Seguridad Social.

"Hay personas a las que les falta algún documento y entonces se les requiere para que lo aporten, otras venían de otro tipo de proceso, como puede ser una solicitud de arraigo, y a los de protección internacional se les informa de que sigue en marcha la resolución de todas las solicitudes". La Delegación ha hablado con los Colegios de Abogados para facilitar la tramitación de las solicitudes.

Por otra parte, ha criticado que el Ayuntamiento de Zaragoza "pueda tener la osadía de hacer unos cálculos" del coste del proceso de regularización para las arcas municipales. "No tenemos ningún mecanismo compensatorio que calcule los gastos que el Gobierno de España vuelca en la ciudad de Zaragoza ni viceversa".

ACOMPAÑAMIENTO

En representación de OSTA y de la Asociación Nicaragua Libre, Scarleth Castillo ha señalado que lo que más demandan los solicitantes es información y acompañamiento, lamentando que "la gente se ha visto muy afectada por los bulos".

La regularización "es un proceso que va a devolver la dignidad a todas las personas que ya están trabajando aquí", ha destacado Castillo.

Las 18 entidades sociales ayudan a los migrantes a registrar sus solicitudes y asisten a gente que hablan poco el español o desconocen Internet, también personas con niveles muy bajos de estudios. La mayoría de las personas que atienden estas entidades, ha dicho Castillo, son venezolanos, marroquíes, hondureños y nicaragüenses.

Se ha quejado de que en algunos países, como Nicaragua, "están tardando mucho en agilizar los trámites en origen" y hay "cierta calma" con los certificados de antecedentes penales, mientras que la solicitud del certificado de empadronamiento y de vulnerabilidad va a ahora "a buen ritmo".

El director adjunto territorial de ACCEM en Aragón y Navarra, Carlos Vela, ha indicado a los medios que las solicitudes "no han desbordado" a esta entidad, que estaba preparada para prestar la atención a este colectivo.

No todos los solicitantes necesatan el certificado de vulnerabilidad, ha continuado Vela, quien por otra parte ha informado de que ACCEM ha dado prioridad a los solicitantes de asilo que ya estaban en su programa.

"Una de las cuestiones por las que se permite precisamente la regularización es que las familias en un único momento puedan prestar la solicitud o presentar la solicitud al mismo tiempo", ha concluido.

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