1 de junio de 2020
 
Actualizado 21/05/2020 12:37:40 +00:00 CET

ZeC pide eliminar la línea 900 de acceso a servicios sociales al "ser contraria a la legalidad"

La concejala de ZeC en el Ayuntamiento, Luisa Broto.
La concejala de ZeC en el Ayuntamiento, Luisa Broto. - ZEC

ZARAGOZA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de ZeC n el Ayuntamiento de Zaragoza ha solicitado la eliminación de la línea 900 para el acceso a los servicios sociales por "ser contraria a la legalidad". Así lo ha defendido la concejala del ramo en la Comisión de Acción Social, Luisa Broto, al recordar que los Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS) son, tal y como queda definido el Sistema de Servicios Sociales, la puerta de entrada a dicho sistema y a las prestaciones y servicios que de él dependen.

"Esto supone que deben garantizar la calidad y la equidad en el acceso a éste", ha señalado Broto en una nota de prensa remitida por Zaragoza en Común.

La implantación de la línea 900 para la atención telefónica de las necesidades sociales de la ciudadanía por parte del Gobierno del PP-Cs, y el anuncio por parte del consejero municipal Ángel Lorén de que este servicio "ha venido para quedarse", supone "ir claramente en contra de la legalidad".

Al respecto, ha explicado que la línea 900 es "situar un filtro intermedio en el acceso a los servicios sociales, que dificulta la atención por parte de los profesionales de referencia, generando cuellos de botella, poniendo en cuestión dicha equidad de acceso que su configuración de los CMSS como puerta de entrada", ha explicado Broto.

Tanto la Ley 5/2009 de Servicios Sociales de Aragón como el Decreto 184/2016 de organización y funcionamiento de Centros de Servicios Sociales en Aragón establecen que los servicios de información, valoración, diagnóstico y orientación "son servicios públicos de gestión directa", lo que significa que "no pueden ser externalizados y que deben ser prestados por los trabajadores públicos", ha opinado Broto.

De la misma manera la Orden 604/2019, de 24 de mayo, por la que se regula el Servicio de atención de urgencias en el ámbito de los servicios sociales generales, del Gobierno de Aragón, establece que "la atención de urgencias sociales se estará por las y los profesionales de la estructura básica del Centro de servicios Sociales", es decir, por trabajadores públicos, ha apostillado Broto.

"PRIVATIZACIÓN"

A su parecer "no es admisible" tanto desde un punto de vista técnico como legal que este servicio realice, como figura en su contrato, tareas de información sobre trámites, recursos y servicios, valoración y derivación de demandas, ya que eso supone "ir en contra de lo establecido en dicha normativa".

A esta situación se añade el desconocimiento, a pesar de la solicitud al Gobierno de la ciudad de esta información, sobre la cualificación de las personas que prestan este servicio y que, "al parecer", no son trabajadores sociales, ha alertado.

Por otra parte, a lo largo de sus dos meses en funcionamiento, diferentes colegios profesionales, entidades vecinales, ciudadanas y redes de apoyo solidaria "han venido denunciando" las dificultades de acceso de los ciudadanos a los servicios sociales debido al "colapso" y, en muchas ocasiones a la "información incorrecta o parcial" que se les ha dado desde esta línea telefónica.

Broto ha puesto de ejemplo que el pasado lunes el Colegio Profesional de Trabajo Social en la Comisión por el futuro de Zaragoza "pidió la retirada de este servicio y que esta atención se prestara directamente por los profesionales de los Centros Municipales de Servicios Sociales".

Este servicio telefónico, "además de ser contrario a lo establecido en la normativa, supone una merma en la calidad de la atención a la ciudadanía y no supone una mayor agilidad" en la atención que en cualquier caso debería garantizarse dotando de medios y recursos humanos a los servicios sociales de la ciudad, ha expuesto Broto.

Desde ZeC han criticado que este es "otro paso más" en la externalización y privatización de los servicios sociales. Esta línea 900 como el mantener únicamente abiertos cinco de los quince centros o que durante las seis primeras semanas de confinamiento únicamente se encontraran trabajando 39 de los más de 200 profesionales de estos centros, "suponen un progresivo deterioro del servicio que, como en el caso de la sanidad pública, utilizan como coartada a su externalización progresiva", ha concluido Luisa Broto.

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