El número de empleados públicos afectados por COVID-19 asciende a 139, al margen del personal del Sespa

   OVIEDO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La consejera de Presidencia, Rita Camblor, ha dado a conocer este lunes el número de empleados de la Administración pública, al margen de los profesionales del Sespa, que han sido contagiados con coronavirus desde el inicio de la pandemia y que ascienden a 139. De ellos 15 pertenecen a la Administración General y el resto, hasta los 139 incluyen a personal afectado del SEPA, Sepepa, ERA y otros centros de Servicios Sociales.

   "Creo que las medidas tomadas inicialmente antes del estado de alarma y un rápido establecimiento de los servicios mínimos esenciales han contribuido a que esa cifra sea baja, ha indicado Camblor. Así, si se descuentan Servicios Sociales, por ser también asistenciales, serían 22 casos de COVID-19 en una plantilla de más de 19.600 empleados.

   En ese sentido ha indicado que los positivos detectados en el personal de la administración han ido acompañados del perceptivo aislamiento y la debida atención para evitar cualquier contagio. Así mismo ha indicado que los datos de la pandemia en Asturias le llevan a mostrar un "prudente y cauteloso optimismo".

   Sobre la disponibilidad de equipos de prevención de cara a la vuelta al trabajo presencial de los funcionarios públicos, la consejera ha explicado que se ha hecho un pedido conjunto para toda la administración, --siempre al margen del personal del Sespa--, para Ayuntamientos y para la Universidad, aunque desconocen la fecha de llegada de los mismos.

   "Estamos madurando esa desescalada, pero dependemos de lo que se nos vaya indicando desde Sanidad", ha manifestado Camblor que ha insistido en que se trabaja en la elaboración de un plan para la escalonada vuelta al trabajo que garantice la seguridad de todos los empleados públicos.

   Camblor ha comparecido a través de una videoconferencia con el grupo de trabajo constituido en la Junta General para el seguimiento y evaluación del coronavirus en Asturias. Allí ha explicado que son 20.000 personas de la Administración regional las que pueden llevar a cabo el trabajo desde sus casas.

   Ha manifestado que ahora mismo la principal prioridad de su consejería es que la administración pública funcione y la seguridad de los empleados frente al coronavirus y ha destacado que si ahora las cosas funcionan "es porque había un trabajo que venía de atrás".

   Entre otras cuestiones, durante su comparecencia la consejera ha mostrado su postura respecto a la gestión del superávit y ha aseverado que considera que es a los ayuntamientos a quienes les corresponde gestionar ese superávit, no obstante ha indicado que "en un estado de alarma la última palabra la tiene el gobierno central".

   En el ámbito municipal, el PP ha preguntado cuando podrán los Ayuntamientos disponer de los recursos y transferencias que se han anunciado para poder dar respuesta a la crisis. En este sentido Camblor ha destacado que desde el Gobierno regional ya han aprobado un fondo de siete millones de euros para financiación local y ya se ha aprobado un primer tramo del pago que corresponde.

   En su intervención inicial ha ido recordando las diferentes acciones y medidas adoptadas desde su consejería en la lucha contra el coronavirus que se fueron coordinando con el resto de áreas de la Administración del Principado.

   Ha indicado que también se ha trabajado para ayudar a los asturianos en el exterior con 153 actuaciones atendidas en las que se les ha facilitado el mejor asesoramiento y la mejor informacion. Además se dio cobertura a personas con especiales necesidades poniéndose en contacto con los gobiernos de los países en los que se encontraban.

   En cuanto a la reasignación de costes solicitada desde la consejería de Hacienda a cada una de las consejerías, Camblor ha manifestado que no se puede obviar que el presupuesto de la consejería que dirige es bastante ajustado y aun están valorando y mirando de que partidas pueden prescindir este año.

   Desde Podemos, Rafael Palacios ha mostrado la preocupación de su grupo por el "incremento de la violencia de género y de agresiones" durante el Estado de alarme, una cuestión que ha sido compartida por los responsables de la consejería. En este sentido la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente ha insistido en que los Juzgados de Violencia contra la mujer cuentan con presencia reforzada. Además las unidades de Valoración Forense integral también continúan prestando servicio.