SANTANDER, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -
El 77,4 por ciento de la costa cántabra están deslindada, según datos del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, a 31 de diciembre de 2007, recogidos por Europa Press.
En concreto, en Cantabria están deslindados 476,30 kilómetros de costa dentro de una longitud de dominio público marítimo terrestre de 614,96, de modo que quedan por deslindar 138,67 kilómetros.
La longitud de la costa española es de unos 10.099 kilómetros de los que 8.254 se encuentran deslindados en la actualidad, el 81,72 por ciento. Restan por tanto unos 1.845 kilómetros para completar el deslinde de la costa española.
Otras cuatro provincias tienen, como Cantabria, entre un 70 y un 80 por ciento de su costa deslindada, mientras quince se encuentran con entre un 80 por ciento y un 100 y sólo tres provincias tienen entre el 60 y el 70 por ciento de su costa deslindada.
La Ley de Costas señala que la costa española, con un 24 por ciento de playas, constituye un valioso patrimonio por las grandes posibilidades que ofrece, pero escaso ante las crecientes demandas que soporta, y muy sensible y de difícil recuperación en su equilibrio físico.
Asimismo advierte que son diversos los factores que han incidido negativamente sobre su conservación, y que el doble fenómeno de destrucción y privatización del litoral, que amenaza extenderse a toda su longitud, exige de modo apremiante una solución clara e inequívoca, acorde con la naturaleza de estos bienes, y que, con una perspectiva de futuro, tenga como objetivos, la defensa de su equilibrio y su progreso físico, la protección y conservación de sus valores y virtualidades naturales y culturales.
Uno de los objetivos de la citada Ley y del Reglamento General para desarrollo y ejecución consiste en la realización del deslinde de dominio público marítimo terrestre en aquellas zonas donde no exista o sea incompleto, para su adaptación a las definiciones contenidas en el citado texto legal.
El objetivo es determinar el dominio público marítimo terrestre, garantizar su uso público, regular la utilización racional de los bienes y conseguir un adecuado nivel de calidad de las aguas y de la ribera del mar.
