SANTANDER, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo en Europa (OCDE) propone la experiencia austríaca de centros conjuntos de cooperación entre investigadores y el mundo de la empresa para el desarrollo de la innovación en Cantabria.

Así consta en su estudio 'Espíritu empresarial y sistemas de innovación local. El caso de Cantabria', encargado por el gobierno de Cantabria y recogido por Europa Press, y en el que se explica la experiencia del programa de centros KPLUS en Austria.

Estos centros efectúan una investigación de carácter precompetitiva y a largo plazo, sobre proyectos definidos conjuntamente con la industria, para reunir de forma conjunta a investigadores y empresas superiores con actividad en el campo específico de la investigación.

El programa KPLUS ha establecido 18 de estos centros, consistentes en institutos universitarios, organizaciones y empresas de investigación no universitaria. Los centros tienen una duración de al menos siete años. La aportación financiera es en un 60% pública.

Entre las principales características de este programa se encuentra su enfoque multiempresas y su orientación a la cooperación entre ciencia e industria, ya que la recepción de fondos está condicionada al establecimiento de contactos, como por ejemplo los programas de grupo.

En el caso de Cantabria, la OCDE subraya que un programa de estas características permitiría identificar y comprometerse activamente con empresarios de fuera de la región, o el hecho de que esta colaboración facilita a los investigadores que formulen sus planes a medio y largo plazo.

Además, los contactos con otros agentes les ayudarían a introducirse en programas europeos, a los que en principio no podrían acceder por su menor tamaño y por las dificultades administrativas de entrada.

No obstante, el estudio incide en que en la región este modelo debería limitarse a uno o dos centros, además de dedicar esfuerzos a la elaboración de planes de negocio que atraiga a los socios fuera de Cantabria. También se plantea que la universidad cofinancie también los proyectos, y sería este organismo el que desarrollaría el régimen de propiedad intelectual.