El 70% de los trabajadores del Casino, afectados por un ERE temporal, según el PRC

SANTANDER, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Regionalista ha instado este martes al Consejo de Administración del Gran Casino de Santander a reunirse "inmediatamente" con el comité de empresa, ante la inminencia de la conclusión del periodo del consultas del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) presentado por la empresa que gestiona el centro, Comar, el próximo día 3 de diciembre, y que según el PRC afectará a 45 de los 65 trabajadores del mismo, casi el 70% de la plantilla.

Para el portavoz del Grupo Municipal Regionalista, José María Fuentes-Pila, la "urgencia" de esta reunión viene dada por la "inminencia" de la conclusión del período de consultas, por lo que ha pedido al alcalde, también miembro del Consejo, que si en el plazo de tres días no se convoca una reunión urgente de este órgano, interceda para "conseguir que los trabajadores sean escuchados" antes de que concluya el plazo.

"Los representes de este órgano, designados tanto por el Ayuntamiento de Santander como por el Gobierno de Cantabria, estuvieron en primera fila, como es lógico, cuando se inauguró la renovación del Casino, por lo que es incomprensible que ahora no escuchen a sus trabajadores cuando están pasando un momento difícil", ha explicado. De hecho, la última reunión del Consejo se celebró el día antes de la inauguración de la reforma de las instalaciones, que tuvo lugar el 8 de junio.

En este punto, ha explicado que el representante del PRC en el Consejo ha solicitado reiteradamente una reunión entre este órgano y el comité de empresa, que, "incomprensiblemente", aún no se ha producido.

Además, se ha mostrado "extrañado y preocupado" porque tan sólo cuatro meses después de la inauguración de unas obras que costaron 3,2 millones de euros, pagadas, según explicó entonces el propio alcalde, con cargo a los dividendos de los resultados de beneficios de varios ejercicios, se presente un expediente de regulación que afectará a casi siete de cada diez trabajadores.

Por esta razón, y dado el carácter público del Casino, Fuentes-Pila considera que es una "obligación" que los integrantes del Consejo de Administración escuchen a los trabajadores.