SANTANDER, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
El acuerdo para regular el teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE) podría afectar en Cantabria a más de 2.000 personas.
Así lo estima CCOO que, junto a otros sindicatos, ha alcanzado un acuerdo sobre criterios para la regulación del teletrabajo en la AGE en una reunión mantenida el pasado lunes con el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta.
Dicho acuerdo podría afectar a unas 2.125 personas en Cantabria, que son los trabajadores de la Administración General del Estado según datos del Registro Central de Personal (RCP) de enero de 2020.
En un comunicado, CCOO Cantabria ha explicado hoy que el teletrabajo, "que aún hay que evaluar quién podría realizarlo según sus funciones y su actividad", será voluntario, reversible, con los mismos derechos y deberes para el personal en esta modalidad que el personal presencial, supeditado a que se garantice la prestación de servicios públicos y contará con identificación de objetivos, plan de seguimiento y evaluación del cumplimiento.
La Administración se ha comprometido a proporcionar para el teletrabajo un equipo informático con tarjeta de datos, aplicaciones y herramientas y en cómputo semanal, la regla general de teletrabajo consistirá en dos días en modalidad presencial y tres en modalidad de teletrabajo.
"No podíamos continuar sin un desarrollo normativo sobre el teletrabajo en los servicios públicos", ha señalado el secretario general del sector de la AGE de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, José Manuel Vera, para quien supone "un cambio fundamental" haber conseguido que se negocien los criterios sobre las funciones que se pueden prestar a distancia o sobre la evaluación del cumplimiento de los objetivos marcados.
Vera también ha incidido en la importancia del carácter voluntario y reversible del teletrabajo, así como en la dotación por parte de la Administración de los medios tecnológicos necesarios.
El sindicato ha lamentado la demora en la regulación del trabajo a distancia, después de que en mayo de 2007 ya se alcanzase un primer acuerdo con el entonces ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla.
"Se han venido realizando actuaciones piloto, pero sin una normativa de referencia y dejando por el camino derechos de la plantilla que ahora hemos conseguido recuperar", ha recordado Vera. "Parece que ha sido necesario que esta pandemia haya puesto de manifiesto el papel imprescindible de los servicios públicos para garantizar los derechos de la ciudadanía", ha comentado.
CCOO ha insistido en la necesidad alcanzar mayor concreción en algunos elementos cuando se desarrolle el texto del real decreto. En este sentido, el sindicato quería una regulación "más parecida a la establecida con carácter general para los trabajadores, con un contenido más exhaustivo y detallado".
Además ha señalado la importancia de "avanzar en la compensación más allá de la dotación de medios tecnológicos, la prevención de riesgos laborales o en evitar la discriminación por razón de sexo".
