Valora positivamente la propuesta pero reclama seguridad jurídica y que se aplique con carácter general a todos los compradores de buena fé
SANTANDER, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) valora "muy positivamente" el anteproyecto del Ministerio de Fomento que estudia regularizar y/o legalizar las viviendas con sentencias de derribo donde los compradores hayan sido terceros de buena fe, pero alerta del "exceso de optimismo" que este tipo de anuncios generan en los afectados, ya que luego "en la mayoría de los casos se quedan en agua de borrajas"..
AMA señala que dar una solución definitiva a las viviendas compradas por cientos de familias, con los ahorros de toda una vida, que llevan tanto años sufriendo esta injusticia, y donde los condenados son las administraciones públicas, es "un acto de justicia social con estas familias y con todos los ciudadanos".
Destaca que "por primera vez un Gobierno encara el problema de modo general y no con parches en cada Comunidad Autónoma", y reclama seguridad jurídica, así como que la 'amnistía' se aplique con carácter general a todos los compradores de buena fe y "no se deje tirada a ninguna familia".
Al mismo tiempo, advierte de que se trata de un anteproyecto y que este tipo de anuncios "crean un gran ilusión en las familias, pero por nuestra experiencia de muchos años, llevando estos temas, luego en la mayoría de los casos se queda en agua de borrajas".
AMA considera demostrado que el marco normativo actual tiene "graves lagunas", que han dado lugar a que "las víctimas paguen las penas mientras las administraciones infringían las normas con total impunidad".
Por ello, una representación de AMA ha estado hace apenas una semana con los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados pidiendo "que se realice una norma general que solucione todas estas situaciones creadas por las propias instituciones, que tienen el deber constitucional de proteger a los ciudadanos, y que son quienes han violado gravemente sus derechos".
AMA reitera que es "una aberración jurídica y social" que se derribe una vivienda donde se puede construir posteriormente, "e igualmente es una aberración tener secuestrado el patrimonio de miles de familias por culpa de las propias Administraciones".
Los afectados por sentencias de derribo describen su situación como de "estafa institucional" y recuerdan que el Parlamento Europeo, el Defensor del Pueblo y el Parlamento de Cantabria ya han pedido que se de una solución definitiva a estas familias.
Por ello, la medida anunciada por el Ministerio de Fomento les parece "adecuada y justa" si se hace con dos premisas, la seguridad jurídica y su carácter general, es decir, que "no se deje tirada a ninguna familia en estas situaciones".
Sobre la seguridad jurídica, la preocupación de AMA se centra en que el Tribunal Cconstitucional "pueda venir dentro de cuatro años y declarar ilegal la norma que legaliza las viviendas". Esperan también que no sea una medida "para ganar tiempo y no pagar las indemnizaciones que se adeudan a estas familias en este momento y que después puedan venir más problemas sobrevenidos", porque "ya se ha sufrido suficiente como parar jugar con las ilusiones y la vida de tantos ciudadanos", añaden.
AMA ha enviado este mismo viernes un escrito al Ministerio de Fomento manifestando su apoyo, así como su disposición para cualquier ayuda y colaboración con el mismo sobre este tema. También ha mantenido contactos con el Ministerio de Fomento al que ha trasladado sus peticiones de una solución global para todos los ciudadanos que han adquirido una vivienda de buena fe.
MARCHA A MADRID
La asociación estudia la posibilidad de adelantar su visita al Congreso de los Diputados prevista para otoño, e incluso cambiar la marcha a Santander prevista para julio, por una Marcha a Madrid en Apoyo de las medidas anunciadas por el Ministerio de Fomento, "siempre que las mismas den esa solución que ahora se anuncia".
También ha trasladado al Gobierno de Cantabria la necesidad de incorporar al plan de actuaciones para las sentencias de derribo los proyectos en los que está trabajando el Gobierno central.
"Hoy más que nunca no tiene sentido dilapidar, tirar el dinero de todos los ciudadanos cuando podemos ver que hay soluciones dentro de nuestro marco legal para acabar con estos problemas sin causar un grave daño a miles de familias", señalan al respecto.
AMA ha puesto a todos sus asesores a trabajar para apoyar el que puedan ser legalizadas todas las viviendas compradas por los ciudadanos de buena fe, y para que acaben estos sufrimientos que en muchos casos duran décadas.
