AMA defiende el consenso de los grupos parlamentarios para llevar la ley de indemnización previa al derribo al Congreso

SANTANDER 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que integra a los afectados por sentencias de derribo en Cantabria, han defendido este jueves con los representantes del PP, PRC y PSOE en el Parlamento regional la necesidad de llevar al Congreso de los Diputados la ley de Cantabria 2/2011 de 4 de abril que establece las indemnizaciones previas a la demolición contando con el consenso de todos los grupos parlamentarios.

Así lo han puesto de manifiesto el portavoz de AMA, Ciriaco García, y el presidente de la asociación, Antonio Vilela, que han vuelto a reiterar la conveniencia de que exista una legislación estatal en relación con los derribos para evitar que los derechos varíen dependiendo de la Comunidad autónoma de la que se trate.

En sus reuniones con los grupos Regionalista, Popular y Socialista, también han planteado la necesidad de recuperar el "tiempo perdido" en Argoños e intentar "agilizar" las soluciones en este municipio, según ha explicado Ciriaco García en declaraciones a Europa Press.

Precisamente con este fin la asociación celebrará el domingo 17, a las 11 horas, una reunión extraordinario en Argoños para decidir qué afectados van a formar parte de la Comisión Técnica específica sobre este municipio, y el día 29 de junio se celebrará una reunión con el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, para trasladarle esta decisión.

La Comisión estará formada exclusivamente por afectados de Argoños y representantes jurídicos de la Consejería y del Ayuntamiento, ha explicado García.

Asimismo, los representantes de AMA han instado a que se "dé un impulso" al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), que en su opinión está "bastante verde". "No podemos estar esperando un año, que es lo que tardaría la modificación el PORN", cuando "casi se ha perdido ya un año; es mucho tiempo", ha subrayado el portavoz de la asociación.

Sobre la modificación de la normativa estatal que baraja el Gobierno español para legalizar la situación de las viviendas con sentencia de derribo, García ha señalado que no han entado en este tema porque de momento desconocen "totalmente" dicha modificación, y sólo saben lo que han leído a través de los medios de comunicación.