El alcalde de Argoños anuncia que en febrero se aprobará inicialmente el PGOU
ARGOÑOS, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
Cerca de 300 personas han asistido a la reunión de AMA celebrada este sábado en el Centro Cultural de Argoños, en la que el presidente del colectivo, Antonio Vilela, ha pedido que no se use a los afectados por sentencias de derribo como "escudos" para no asumir responsabilidades las administraciones.
Vilela ha informado de las reuniones mantenidas esta semana con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), el consejero de Presidencia y Justicia, el director general de Urbanismo y con el presidente del Partido Popular y el portavoz del PRC en el Parlamento.
AMA ha trasladado al presidente del TSJC su "temor a que vuelvan los autos de derribo, antes de que se presenten ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC los planeamientos urbanísticos.
Por ello, han pedido que los planes se pongan a disposición de la Sala "lo más rápidamente posible", para que "de una forma definitiva sepamos todos lo que puede ser regularizable y las indemnizaciones que se tienen que producir antes de los posibles derribos".
AMA también ha trasladado su "gran preocupación" por hacer de hecho afectados "de primera", en aquellos casos en que haya responsabilidad del Gobierno y por tanto recursos para afrontar las indemnizaciones, y afectados "de segunda", en aquellos en los que la responsabilidad es sólo del Ayuntamiento y no tiene recursos para el pago de las indemnizaciones a las que pueda ser condenada la Administración local.
Según ha explicado Vilela, el presidente del TSJC les ha trasladado la "preocupación" de la Sala por resolver esta situación, y su convencimiento de que "actúa desde la prudencia, siguiendo los principios de ponderación y proporcionalidad, y que espera que con la colaboración de todas las administraciones pueda cerrarse un proceso que ha costado muchas energías y recursos a todos".
El consejero de Presidencia, Rafael de la Sierra, les ha manifestado que "no existe, ni hay en perspectiva ningún nuevo plan" y en cuanto a los requerimientos del TSJC que habrá que dar respuesta a los mismos en tiempo y forma, así como adaptar posiblemente los calendarios.
Asimismo, AMA volvió a recordar al consejero la petición del desarrollo de la figura del Defensor el Pueblo en Cantabria, y anunció que registrará próximamente una petición al Parlamento pidiendo su creación por la importancia en la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Según AMA, Ignacio Diego, presidente del Partido Popular, ha manifestado "su oferta de colaboración para mejorar la legislación en la protección del tercero de buena fe, tanto a nivel autonómico como estatal". Y el portavoz del Grupo Regionalista, Pedro Hernando, cree que es positivo realizar un trabajo conjunto en el Parlamento con el fin de explorar "nuevas vías", informa AMA en un comunicado de prensa.
Por su parte, el director general de Urbanismo, Francisco González, ha manifestado que espera que en unas semanas se pueda empezar a abonar los daños morales a los afectados y que el retraso se ha debido a cierres contables del ejercicio anterior. Por otra parte, ha reiterado su oferta de colaboración y ayuda a los ayuntamientos afectados por las sentencias de derribo.
Por otro lado, el alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña, ha manifestado que su ayuntamiento va a aprobar el PGOU de forma inicial "en muy breve espacio", previsiblemente en febrero, y ha pedido la ayuda y colaboración del Gobierno. En este sentido, ha declarado que el Ayuntamiento tendrá que declarar su insolvencia, si no hay acuerdo y convenio con el Gobierno de Cantabria.
Desde AMA, su presidente ha pedido que los requerimientos de responsabilidad patrimonial a las administraciones y garantía de pagos "no quede en algo testimonial, sino que exista partida presupuestaria suficiente para hacer frente a las obligaciones de las mismas con las víctimas de esta situación, o proyectos definidos de construcción de nuevas viviendas de sustitución".
Por último AMA, ha aprobado un calendario de actividades y movilizaciones, que incluye concentraciones en febrero ante las administraciones para pedir Justicia; en marzo jornadas sobre el 108.3 del LRJCA y su importancia para hacer justicia con los terceros de buena fe; en julio la XII Marcha a Santander; en agosto seis horas de deporte solidario; en octubre una exposición con cuadros y fotografías de más de 20 años de movilizaciones y petición de justicia; y en diciembre, un acto de apoyo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
