El presidente del TSJC apuesta por "desterrar" las adscripciones partidistas en los nombramientos del CGPJ
SANTANDER, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), César Tolosa, cree que la crisis institucional "sin precedentes" por la que atraviesa el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no debe usarse como "excusa" para "debilitar" al autogobierno de este órgano.
Tolosa se ha expresado así en su intervención en el Foro Cantabria de la Cadena Ser, donde ha impartido la conferencia 'La Justicia. Una reforma necesaria', en la que ha urgido a "desterrar" la "intervención partidista" en los integrantes del poder judicial en función de "adscripciones ideológicas".
El presidente del Tribunal Superior ha admitido que el nombramiento por parte del Parlamento viene recogido en la Constitución, pero ha precisado que debería plantearse "con criterios profesionales y no partidarios".
En la misma línea, también ha reclamado que se "destierre definitivamente" lo que ha descrito como un "mandato representativo" mediante el cual los representantes actúan "en función de aquella parte que les colocó en el lugar donde están".
Tolosa ha admitido que el poder judicial se encuentra, tras la dimisión del presidente del Poder Judicial Carlos Dívar, inmerso en una "crisis institucional sin precedentes", que ha causado un "daño tremendo" del que "vamos a tardar en recuperarnos", pero que ha enmarcado en un proceso de crisis "profunda" relacionado también con el propio proceso de modernización de la Administración de la Justicia.
Con todo, ha matizado que la crisis institucional del poder judicial no debe ser "excusa ni argumento" para "tratar de debilitar" el autogobierno del poder judicial.
"INDEPENDENCIA" RESPECTO AL CGPJ
En la conferencia, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha recordado que la Constitución Española establece la "independencia e imparcialidad" del poder judicial respeto al resto de poderes del Estado.
Pero ha precisado que, del mismo modo, se fija la independencia "interna" del propio poder judicial, esto es, de los jueces y magistrados que lo componen respecto de su propio órgano, en el que deben moverse "sin ningún tipo de instrucción".
A juicio de Tolosa, la "desconfianza" ciudadana "aconseja" la modificación del proceso de elección tanto del poder judicial como del Tribunal Constitucional, de los que ha recordado su condición de "órganos constitucionales".
Tras reiterar que el poder judicial es un "órgano político", con una "naturaleza política innegable", en el sentido de que se encarga de velar por el desarrollo de la política judicial, ha explicado que lo que le preocupa es "cuando lo político es sustituido por lo partidario", y que se quiera dar una "apariencia de legitimidad" de "origen" por los partidos.
El presidente del TSJC ha insistido en que el "carácter político" del poder judicial no se puede "confundir" con la "politización de la Justicia", ni con una merma en la independencia e imparcialidad de jueces y magistrados, reivindicando que la independencia del poder judicial no es un "privilegio" de los jueces, sino un "derecho" de los ciudadanos. ASISTENTES
Al acto han asistido representantes políticos como el presidente de Gobierno, Ignacio Diego; la consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz; el diputado 'popular' Luis Carlos Albalá; el delegado de Gobierno, Samuel Ruiz; el expresidente Miguel Ángel Revilla, el portavoz parlamentario regionalista Rafael de la Sierra y el exconsejero de Presidencia y Justicia por el PRC Vicente Mediavilla; y la secretaria general de los socialistas cántabros, Eva Díaz Tezanos, junto al diputado del PSOE Francisco Fernández Mañanes.
Pero también miembros del mundo judicial y jurídico, como la jueza de lo Mercantil Mar Hernández (en cuyo juzgado se regulan las cuestiones relacionadas con las empresas y los concursos de acreedores, como el del Racing de Santander), o la abogada penalista Carmen Sánchez Morán; o Antonio Vilela, representante de la Asociación de Maltrados por la Admistración (AMA, que agrupa a los afectados por las sentencias de derribo en la costa cántabra).
