El convenio garantiza a los propietarios afectados una vivienda o una indemnización fijada por un árbitro independiente
SANTANDER, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Cantabria ha aprobado sendos convenios para compensar a los afectados por las sentencias de derribo de 41 viviendas de las urbanizaciones de Entrelindes y de la Unidad de Ejecución L-05, ambas en la localidad de Liencres (Piélagos).
Con estos acuerdos, el Ejecutivo garantiza a los propietarios afectados una vivienda si no se legaliza la suya, o en su defecto, una indemnización fijada por un árbitro independiente.
Este es el modelo de convenio que ya se materializó anteriormente para las 28 viviendas del edificio de Las Torres, en Escalante, dado que la situación de las viviendas de Liencres tienen "encaje legal" en los planeamientos urbanísticos en tramitación, y, por lo tanto, son viviendas que pueden ser objeto de legalización posterior, una vez que se aprueben los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) y se otorguen las nuevas licencias.
El acuerdo, aprobado por el Consejo de Gobierno, recoge el derecho de las familias a que la administración corra con todos los gastos que se produzcan durante el proceso de legalización, y el derecho a ser indemnizados si estos procesos de legalización no llegan a buen término.
Si esto es así, podrán optar, o bien por una indemnización económica fijada por un perito independiente, o bien por una nueva vivienda de similares características a la suya, recuerda en nota de prensa el Gobierno.
