SANTANDER, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -
AUPA (la Asociación Unificada de Pequeños Accionistas del Racing de Santander, que agrupa a los accionistas minoritarios) ha acusado al Gobierno de Cantabria de incumplir las recomendaciones que la auditoría a la empresa pública CANTUR realizó en torno al conjunto verdiblanco.
Esas recomendaciones, recuerda Aupa, eran por un lado vender el 100% de las acciones intentando cobrar el préstamo participativo con todos los gastos e intereses y, por otro, valorar si el Racing cumple los requisitos de equilibrio patrimonial establecidos en la Ley de Sociedad de Capital para establecer las acciones a realizar en cumplimiento de dicha ley.
Para la asociación, el hecho de que Cantur, dependiente de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, vaya a provisionar el crédito participativo y sus intereses "sin exigir responsabilidades jurídicas a Pernía y sin cumplir lo indicado en su propia auditoría" supone que el Gobierno "da por perdida la inversión que se realizó en el Racing sin siquiera luchar por recuperarlo".
AUPA asegura que en las cuentas anuales de CANTUR viene reflejado como Activo Realizable el crédito participativo por el que el Gobierno inyectó casi siete millones de euros, y que esta empresa pública ha decidido aplicar la provisión siguiendo los principios contables, pues resulta "indeterminada" la fecha respecto a su cobro.
"Lo que realmente sorprende es que esta decisión no vaya aparejada de otra necesaria: la exigencia de responsabilidades por el impago de la deuda", reflexionan.
Y opinan que "el Racing, sus propietarios, muy probablemente, no van a pagar esa deuda, pero la obligación del Gobierno es pelear hasta el último céntimo por recuperar el mismo, fiscalizar cada céntimo invertido y depurar las responsabilidades pertinentes por el impago, sean societarias o políticas".
Además, hacen hincapié en que "la propia CANTUR justifica despidos y reestructuraciones en la empresa por precisamente el agujero dejado por el Racing".
"Alguien debe empezar a explicar esto: cuánto se ha invertido, qué se ha hecho con ese dinero, quien ha gestionado ese dinero. Se trata de un desfalco a todos los cántabros. No se debe provisionar sin perseguir a los culpables", aseveran.
