Foto: AMA
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SANTANDER, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Argoños ha informado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) de un plan para el derribo de las 255 viviendas con sentencia de derribo que hay en el municipio, demolición que se acometería entre 2016 y 2019, según consta en un escrito que el Consistorio ha remitido al TSJC y que ha difundido este sábado AMA, la Asociación de Maltratados por la Administración.
El colectivo, que ha celebrado una reunión extraordinaria en Arnuero, a la que han asistido cerca de 300 personas, ha explicado que se ha conocido el documento a través de sus abogados, y ha señalado la "estupefacción" de las familias afectadas.
"Cuando se dice a los jueces que se va a derribar todas las viviendas y a las familias afectadas que se van a legalizar, saben que no están diciendo la verdad, que no están siendo honestos, ni sinceros", expresa AMA, que quiere "suponer" que este escrito es una "comunicación para cumplir con unas necesidades legales".
Aún así, a los afectados les "cuesta entender" que se presente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo un plan para el derribo de "todas" las viviendas de Argoños (255) y, a la vez, el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, "repita una y otra vez que se van legalizar 400 viviendas".
También confían en que el Ayuntamiento esté "buscando vías alternativas" al plan de derribos del Gobierno, para "dar una solución a las víctimas", como -añaden- la construcción de nuevas viviendas que sustituyan a las actuales, tal y como se describe en el propio comunicado.
De todas formas, desde AMA consideran "grave" que en esa comunicación se tome como referencia una resolución de la Sala que está 'sub judice' (en aclaración, en alusión a la sentencia que fija la cuantía de la indemnización que el Ayuntamiento de Argoños tendrá que pagar a los propietarios de tres viviendas de Pepín Cano) para realizar las valoraciones de las viviendas, "con el único de fin -denuncian- de minusvalorar el patrimonio de las víctimas". Esto último, además, iría "en contra" de las sentencias del Supremo y de las propias propuestas aprobadas por el Parlamento de Cantabria.
Al hilo de lo anterior, los abogados de los afectados les han trasladado su preocupación por la "agresividad" de los servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria "contra las víctimas" al intentar, explican, "minusvalorar el patrimonio de las familias".
Se refieren así a la interpretación que la Sala hace, a instancias de estos servicios, del artículo por el que se fija el "daño real" de los propietarios en el momento de realizar las escrituras públicas de las viviendas, y no el de el derribo.
Esta situación puede producir "desigualdad" ante la ley, toda vez que "dos viviendas similares pueden tener un valor totalmente diferente según el momento de la adquisición y valor de escrituras". Esto implica una "pérdida sustancial" de patrimonio de las familias que con la indemnización no podrían "de ninguna manera" adquirir unas viviendas de similares características.
En otro orden de cosas, AMA ha valorado las propuestas aprobadas en el Parlamento de Cantabria durante el debate sobre el Estado de la Región a instancias de los diferentes grupos, aunque le "sorprende" que el PP "se olvide de los afectados".
Además, con motivo de la reunión celebrada en Arnuero, los vecinos han entregado una placa a la asociación por su trabajo en favor de todos los afectados por sentencias de derribo.
