La sentencia del Supremo reconocía una deuda de 108.000 euros del Ayuntamiento con cuatro empleados municipales
SANTANDER, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Camargo deberá pagar 6.600 euros en concepto de intereses procesales por no ejecutar una sentencia del Tribunal Supremo que el pasado abril reconoció la deuda de 108.000 euros a cuatro empleados municipales por impago de parte de sus salarios.
Concretamente, esta deuda proviene del impago de la valoración de puestos de trabajo desde el año 2005 al 2011.
Así, se señala en el auto de ejecución de sentencia dictado por el Juzgado de lo Social Número 5 de Santander, y que ha sido remitido por UGT, en el que se apercibe al Ayuntamiento que "de no efectuarlo se le podrán imponer apremios pecunarios".
Contra esta resolución, de 16 de octubre, cabía interponer recurso de revisión por escrito ante el órgano judicial dentro del plazo de tres días desde su notificación citando la infracción en que la resolución hubiera incurrido.
Según ha informado en un comunicado UGT, el comité de empresa del Ayuntamiento de Camargo ha opinado que la orden de ejecución es un "ejemplo más" de que el "empecinamiento", en el que, a su juicio, incurre el alcalde, Diego Movellán, por no reconocer la valoración de puestos de trabajo "está generando un gasto innecesario sólo en intereses y un auténtico despilfarro del dinero de todos los ciudadanos en abogados y procuradores".
Además, el comité de empresa ha subrayado que esta valoración de puestros de trabajo fue acordada, en su momento, por el Pleno municipal y "amparada" por los informes de sus asesores.
Los sindicatos han señalado que, a parte de la sentencia correspondiente a estos cuatro empleados municipales, están pendientes otras 104 demandas judiciales individuales por el impago de la valoración de puestos de trabajo.
"Si los tribunales de justicia resuelven en el mismo sentido todas las demandas interpuestas por los empleados públicos del Ayuntamiento de Camargo, este gasto innecesario de dinero público en procesos judiciales, abogados, procuradores e intereses correspondientes será de cientos de miles de euros y habrá que adjudicárselo al equipo de Gobierno y a la connivencia de toda la oposición política", ha señalado el comité de empresa del Consistorio.
