La Intervención General alerta del "riesgo de disolución" de la sociedad Plaza de Toros por la retirada de la subvención municipal
SANTANDER, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Santander "mejoró" en 2015 "todos" los datos e indicadores que conforman la Cuenta General anual, entre ellos, la inversión media por habitante, que creció un 46 por ciento en el último ejercicio y se situó en 111,08 euros por ciudadano, según ha informado este lunes el Consistorio en nota de prensa.
Además, el año pasado se produjo una "mejora sustancial" de la liquidez y la solvencia a corto plazo, una "nueva disminución" del endeudamiento y una reducción del periodo medio de pago, que fue de 13,64 días de media, "menos de la mitad" de los 30 días que establece la normativa como máximo.
Así lo ha señalado la concejala de Economía y Hacienda, Ana González Pescador, quien ha atribuido estos "buenos" resultados a la política de "austeridad y contención en el gasto" que viene aplicando el equipo de gobierno del PP.
Según ha explicado la edil, la Cuenta General se someterá a aprobación inicial el próximo jueves, 4 de agosto, en la Comisión Especial de Cuentas y después pasará a información pública. La aprobación final se hará en el Pleno municipal dentro del plazo establecido, antes del 1 de octubre y, posteriormente, se remitirá al Tribunal de Cuentas antes del 15 de octubre, tal y como prevé la ley.
La Cuenta General de 2015 contabiliza inversiones por importe de 19,3 millones de euros -un 45 por ciento más que el año anterior-, a las que hay que sumar las actuaciones que estaban en distintas fases de tramitación en el momento de la liquidación presupuestaria y se han ido iniciando o adjudicando posteriormente con cargo al presupuesto de dicho ejercicio.
De esta forma, la inversión de 2015 supera los 40 millones de euros con cargo a presupuesto municipal, sin contar la realizada por las sociedades públicas, como la Sociedad de Vivienda y Suelo, por ejemplo; las ejecutadas en los servicios de agua y basuras por parte de las concesionarias; o las desarrolladas mediante colaboración público privada.
Por lo que respecta al endeudamiento, la Cuenta General refleja una nueva reducción de la deuda por habitante, en concreto, en este último año se produce un descenso del 13,5 % en términos homogéneos con respecto a los datos de 2014.
Al finalizar 2015 la deuda municipal se situó en el 62,1 % de los ingresos corrientes, "muy inferior" al tope del 110% que establece la ley como máximo, ha precisado la responsable de Economía y Hacienda, quien ha agregado que se trata del "mínimo histórico" en la ciudad.
Además, ha resaltado que "el compromiso es continuar por esa senda de reducción de la deuda", de tal manera que en el año 2019 se alcance una ratio en torno al 50%.
RIESGO DE DISOLUCIÓN DE LA PLAZA DE TOROS
La Cuenta General de 2015 se acompaña de un informe de la Intervención General en el que, entre otras cosas, se alerta del "riesgo de disolución" de la sociedad municipal Plaza de Toros por la retirada de la subvención municipal, tal y como se acordó en el Pleno del pasado mes, en el que todos los grupos de la oposición votaron en este sentido y en contra de la postura del PP.
Según se sostiene en este informe, la normativa legal vigente establece que las sociedades de titularidad cien por cien municipal o de participación mayoritaria del Ayuntamiento que incurran en pérdidas dos años consecutivos deberán disolverse.
En el caso de la plaza de toros, el informe recuerda que la sociedad tuvo pérdidas en 2015 y apunta que el acuerdo plenario para retirar la subvención municipal sitúa a la sociedad "en riesgo de sufrir pérdidas en ejercicios futuros" y, por tanto, de incurrir en causa de disolución.
OTRAS RECOMENDACIONES
Por otro lado, el informe de Intervención alude a la adaptación de las sociedades mercantiles con participación municipal a los requisitos que establece la nueva Ley de Sostenibilidad Local respecto a la composición de los órganos de gobierno y las retribuciones, un proceso que el Ayuntamiento tiene previsto acometer "próximamente", ha indicado González Pescador.
Por último, también se trasladará a la Comisión Especial de Cuentas otro informe de la Intervención que recoge las recomendaciones que hizo ya el Tribunal de Cuentas al fiscalizar la gestión de ingresos en varios ayuntamientos españoles.
La concejala de Economía y Hacienda ha recordado que en la mayor parte de los casos esas recomendaciones han sido atendidas ya desde el equipo de gobierno -"muchas de ellas incluso antes de conocerse estos informes"-, tal como se refleja en el propio escrito de la Intervención así como en otros informes de distintos servicios municipales.
Entre esas consideraciones, González Pescador ha recordado las relativas a los recargos no aplicados a algunos contribuyentes en pagos realizados cuando ya había finalizado el periodo voluntario, que se debieron a problemas de índole informático, tal como reconoció el propio Tribunal de Cuentas, que acordó por ello archivar el procedimiento abierto al respecto.
En este sentido, la edil ha precisado además que el Ayuntamiento inició un proceso de revisión para regularizar los expedientes afectados, practicar la liquidación complementaria y reclamar el pago, salvo en aquellos casos en los que los costes de notificaciones superen el importe reclamado, una medida que deberá ser ratificada por acuerdo corporativo.
RECOMENDACIONES
Por lo que respecta a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de las tasas de aguas y alcantarillado, la Intervención precisa que es una cuestión de "gran complejidad jurídica" en la que tanto el Ministerio de Hacienda como el Tribunal Supremo han mostrado posturas "divergentes" con la del Tribunal de Cuentas.
Por ello, recomienda encargar un informe a los servicios jurídicos municipales antes de adoptar cualquier medida respecto al actual contrato con la concesionaria del servicio de aguas.
Finalmente, sobre el contrato de servicios complementarios de recaudación, la Intervención aconseja una adaptación a las necesidades actuales, toda vez que la nueva plataforma de gestión de tributos ha supuesto cambios organizativos, y recomienda también que la duración del contrato no supere los dos años.
