El Consistorio ya ha devuelto casi 4,5 millones y el resto se abonará en diferentes anualidades hasta 2023
SANTANDER, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Santander presentará de forma "inminente" el recurso contencioso-administrativo para reclamar por la vía judicial los gobiernos regional y central los casi siete millones de euros que la administración local está devolviendo a la Fundación Caja Cantabria por la resolución del convenio de la residencia de Cazoña como consecuencia de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2012.
Así lo ha indicado este martes el concejal de Urbanismo y portavoz del equipo de Gobierno (PP-Cs), Javier Ceruti, a preguntas de la prensa por el acuerdo adoptado ayer en la Comisión de Desarrollo Sostenible para iniciar acciones judiciales contra ambas administraciones al entender que el PGOU fue anulado por una "causa externa" como fue la anulación del bitrasvase por su "deficiente" evaluación ambiental.
Ceruti ha detallado que la presentación del recurso es "inminente porque los plazos están cerca de vencimiento". "Con ello, se va a defender la postura del Ayuntamiento de que se ha producido un perjuicio patrimonial como consecuencia de la anulación del PGOU pese a que había informes favorables de los órganos competentes del Gobierno regional", ha dicho.
El Ayuntamiento ha decidido litigar por este asunto después de que el Gobierno de Cantabria desestimase a principios de agosto la reclamación de responsabilidad patrimonial planteada por el Consistorio, y también lo hará contra el Ministerio para la Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), ante "la desestimación presunta" de las reclamaciones efectuadas también a ambas administraciones.
El Ayuntamiento y la Fundación Caja Cantabria firmaron en diciembre de 2010 aquel convenio, que contemplaba un cambio de usos de la parcela de la antigua residencia de Cazoña, propiedad de la entonces Obra Social de Caja Cantabria, para dotarla de usos residenciales en la revisión del PGOU que estaba entonces en curso, y fue aprobado en 2012 y anulado por el Tribunal Supremo a finales de 2017.
En virtud de aquel acuerdo, tras la entrada en vigor del Plan General de 2012, la entidad abonó al Consistorio 6.940.892 euros que, una vez anulado el planeamiento y con ello el cambio de uso de la parcela, el Ayuntamiento tenía que devolver y, para ello, alcanzó un acuerdo con la Fundación Caja Cantabria para hacerlo en varias anualidades y sin intereses.
En estos momentos, según han informado desde el Consistorio, se han abonado tres anualidades por casi 4,5 millones, en concreto 940.892 euros en 2017, dos millones en 2018 y 1,5 millones en 2019. El resto se irá devolviendo hasta 2023 y las partidas previstas son un millón en 2020, 750.000 euros en 2021, 500.000 euros en 2022 y 250.000 euros en 2023.
