Comité de empresa y Junta de Personal del Gobierno convocan asamblea para informar del impacto de los recortes y ajustes

SANTANDER 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa y la junta de personal del Gobierno de Cantabria han convocado a todos los empleados públicos de la Administración regional a una asamblea para informarles de las medidas de "recorte y ajuste", y de su alcance, así como del impacto de la reforma laboral para los trabajadores del sector público.

La asamblea tendrá lugar en el salón de actos de la Mutua Montañesa (Avenida del Faro), el miércoles 21 de marzo a las 17 horas, y está dirigida a los más de 5.000 trabajadores de este ámbito público.

Las medidas que se desgranarán en la asamblea se refieren tanto a las consecuencias que la reforma laboral tendrá sobre el personal de la Administración, como a la reorganización que el Ejecutivo ha anunciado para la Administración General.

Junta de personal y comité de empresa, órganos de representación de los funcionarios y del personal laboral, respectivamente, señalan en un comunicado que esta medida, "anunciada pero no detallada en su desarrollo y que tiene previsto recogerse próximamente en una ley, supone un cambio del sistema organizativo, y tiene en la movilidad de los trabajadores uno de sus aspectos más problemáticos".

Toda la información será explicada a los asistentes por los presidentes de la Junta de Personal y del Comité de Empresa, estando presente en la mesa de ponencias un representante de cada fuerza sindical.

Además se dará la información referente a las medidas del Plan de Sostenibilidad del Gobierno regional, facilitada a los representantes de los trabajadores por la consejera de Presidencia y Justicia en la Mesa Sectorial de Función Pública celebrada este jueves 15 de marzo.

La junta de personal y el comité de empresa hacen un llamamiento a la totalidad de personal de la Administración General, para que acudan a la asamblea informativa. Advierten que "la situación es grave, que el camino va a ser largo y que tan sólo se han empezado a entrever las primeras consecuencias de los planes que el Gobierno tiene para los empleados públicos, y que inequívocamente llevan a un retroceso y a la pérdida de derechos legítimos".