"Mienten cuando dicen que no se ha negociado nada", afirma Mercedes Toribio SANTANDER, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las diputadas del PP María Antonia Cortabitarte y Mercedes Toribio criticaron hoy el "silencio cómplice" del Gobierno regional sobre el convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna y el Grupo Celsa para recalificar terrenos industriales de Trefilerías Quijano y convertirlos en suelo residencial. La oposición considera que el Gobierno "no puede lavarse las manos" ante un convenio que, en su opinión, va a suponer "un nuevo revés al debilitado tejido industrial de Buelna".
Aunque este asunto se trató el lunes en el Pleno del Parlamento, Cortabitarte subrayó que el Gobierno "no sólo no ha dado una respuesta satisfactoria sino que se ha negado a dar una respuesta" sobre una cuestión que, a su juicio, tiene "consecuencias muy serias y de gran calado", porque "puede suponer la pérdida de la mayor parte del suelo industrial del valle, puede estrangular el futuro de la empresa Nissan y puede ser la sentencia de muerte definitiva para Trefilerías Quijano".
Para el PP, la actitud del Gobierno ante este asunto es "totalmente inaceptable e irresponsable". En su opinión, es "inaudito" que el Ejecutivo "guarde silencio ante un nuevo riesgo de desmantelamiento industrial" y ante un convenio que supone "la destrucción de suelo industrial, con la falta que hace", tanto en el Valle de Buelna como en toda la comunidad autónoma.
"A este paso van a acabar la legislatura con saldo negativo en materia de suelo industrial", advirtió Cortabitarte, quien también consideró "inaudito que el Gobierno no quiera hablar del futuro de 72 familias que dependen de Trefilerías Quijano".
El PP sostiene que cualquier recalificación debe ir vinculada al mantenimiento de los puestos de trabajo y al mantenimiento e impulso de la actividad industrial, condiciones a su juicio "irrenunciables" que, según Cortabitarte y Toribio, no se contemplan en el borrador de convenio que el propio equipo de Gobierno de Los Corrales (PSOE-PRC) ha facilitado al Grupo Municipal Popular.
"El Gobierno no puede lavarse las manos, tiene que mojarse y actuar", añadió Cortabitarte, quien ve en este caso "una prueba más de la incompetencia y falta de responsabilidad del Gobierno en materia industrial" y de que al consejero del ramo, Miguel Angel Pesquera, "ni le preocupa la industria, ni los problemas industriales ni los cientos de trabajadores que hoy en día tienen su puesto de trabajo en peligro", dijo la portavoz de la oposición en alusión a Candemat, Greyco y Veta y Robert Bosh.
"Seguro que estará preparando un nuevo viaje para huir de todos los problemas que tiene en Cantabria", finalizó.
"OSCURANTISMO Y ENGAÑO"
Por su parte, la diputada y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna, Mercedes Toribio, recordó que en el Pleno del lunes, el consejero de Obras Públicas, José María Mazón (PRC), afirmó que sobre este asunto "no hay nada más que la idea que informalmente ha presentado la empresa en el Ayuntamiento", con lo que da a entender que "no hay negociación".
La portavoz 'popular' consideró "inaceptable" que el alcalde, José Manuel López Gutiérrez (PSOE) y el primer teniente de alcalde, Rafael Pérez Tezanos (PRC), se pronuncien en este mismo sentido "ahora que los sindicatos y el propio comité de empresa de Trefilerías Quijano les han plantado cara", algo que atribuyó a su forma de hacer política, basada -dijo- "en el engaño permanente, la ocultación y el oscurantismo".
Toribio aseguró que el borrador del convenio contiene una serie de manifestaciones que "reflejan la postura del Ayuntamiento" y demuestran que "ha habido negociación". Asimismo, reiteró que el pasado 28 de enero, el propio concejal de Urbanismo informó de que el Ayuntamiento había cerrado un borrador de acuerdo con el fin de recalificar 400.000 metros cuadrados de suelo industrial para la construcción de 900 viviendas y "se mostraba optimista ante la postura del comité de empresa".
Por último, la portavoz del PP criticó las declaraciones efectuadas por el PRC local el pasado 2 de febrero en el sentido de que exigirán que se empiece poniendo en marcha "la parte industrial" del acuerdo. Toribio insistió en que el convenio "no tiene una parte industrial" y añadió que se demuestra así que "mienten cuando dicen que no se ha negociado nada".
