El informe anual recuerda a Santander que debe velar por el cumplimiento de las sanciones por infracciones urbanísticas
SANTANDER, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo recibió un total de 247 quejas procedentes de Cantabria durante el año pasado, lo que supone un incremento respecto a las 225 recibidas el año anterior y representa el 1,14% del total de las quejas recibidas.
En total, hubo 220 quejas individuales (un 1,22% del total de las presentadas ante este organismo), frente a las 200 de 2008, mientras que hubo 27 de carácter colectivo (tres más que el año anterior y un 0,75% de las totales9, según consta en el Informe Anual del Defensor del Pueblo, recogido por Europa Press.
El informe cita casos de quejas recibidas sobre la Administración regional, como la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, a quien le recuerda su "deber legal" de "velar" por que el Decanato y demás órganos encargados de realizar la toma de posesión de los funcionarios interinos, cursen el alta en la Seguridad Social a los trabajadores en el mismo día en que dicha toma de posesión se ha llevado a efecto.
También se refiere a la obligación legal de la Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria de obedecer al principio de eficacia y eliminar los "obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos", y le pide que "disponga lo necesario" para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos.
El informe del Defensor del Pueblo recuerda asimismo al Colegio de Abogados de Cantabria que los letrados incluidos en el turno de oficio gratuito para menores que tienen el deber de asistir a sus clientes "de forma real y efectiva hasta la terminación del proceso en la instancia judicial y, en su caso, la ejecución de las sentencias".
Además, el Defensor del Pueblo recomienda al Ayuntamiento de Santander que cumpla "con la máxima diligencia" el mandato legal que asigna la legislación urbanística a las administraciones municipales de inspeccionar, preservar y restablecer el orden urbanístico infringido, actuando con la debida diligencia, para evitar "que las infracciones urbanísticas queden impunes".
Este organismo incide en otro apartado, pero también sobre el Ayuntamiento de Santander, que esta administración tiene el "deber legal" de velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística, haciendo uso de los mecanismos que prevé la legislación en materia de suelo y ordenación urbana para su "efectivo restablecimiento" cuando resulte infringida, de acuerdo a lo fijado en la Ley del Suelo.
El Defensor del Pueblo también se refiere al Ayuntamiento de Castro Urdiales, del que recuerda que ha recibido tres requerimientos sobre las medidas que iba a adoptar esta Administración para garantizar la obtención de los terrenos necesarios para completar un vial y ejecutar las obras de urbanización del mismo.
Y al Ayuntamiento de Camargo, le recomienda que procediera en adelante a realizar los nombramientos de personal interino con carácter provisional, y "sólo y exclusivamente por razones de urgencia o necesidad justificada y cuando se diera alguna de las circunstancias previstas en la ley", ante la falta de convocatorias de plazas de auxiliar administrativo desde 2003, en un período en que no obstante se habían constituido listas de reserva para la contratación de interinos.
