El concejal afirma que el tiempo ha demostrado que las acusaciones del PSOE sobre este convenio eran falsas
SANTANDER, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
El concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda de Santander, César Díaz, considera "incomprensible" que el Estado "haya tardado cinco meses" en aprobar el convenio para la construcción de viviendas protegidas y un aparcamiento en los terrenos de Tabacalera en la calle Alta, un documento que el Ayuntamiento aprobó en una semana.
A su juicio, las administraciones "tienen que demostrar eficacia en este tipo de asuntos que son de interés general y más aún en tiempos de crisis, en los que la inversión pública contribuye a dinamizar la situación económica".
En un comunicado, Díaz ha subrayado además que el tiempo ha dado de nuevo la razón al equipo de Gobierno municipal, "demostrando que eran falsas las acusaciones del PSOE de que se había falseado el convenio", puesto que el documento aprobado este viernes por el Consejo de Ministros "es el mismo que aprobó la Junta de Gobierno Local en septiembre del año pasado, sólo que con cinco meses de retraso".
El concejal ha asegurado que, desde el Ayuntamiento, se agilizarán todos los trámites para desarrollar el convenio "con la mayor celeridad, en beneficio de los vecinos de la calle Alta y su entorno".
En ese sentido, Díaz ha recordado que, a finales de agosto de 2010 y "una vez consensuado por completo" el contenido del Convenio por parte de las dos administraciones, se inició la tramitación administrativa del mismo para proceder a su firma lo antes posible. Por ello, y una vez recabados los informes municipales pertinentes, la Junta de Gobierno Local aprobó el convenio el 6 de septiembre, facultando de esta manera al alcalde para su firma.
El concejal ha indicado que el convenio nació inicialmente con la pretensión de regularizar la situación que permitiera al Ayuntamiento la construcción del aparcamiento subterráneo en la Plaza de los Derechos Humanos de la calle Alta.
Sin embargo, y después de numerosas reuniones con la Dirección General de Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, se fueron tratando otros asuntos comunes que, finalmente, también se han incorporado al convenio, "en un claro ejemplo de lo que debe ser la colaboración entre administraciones para sacar adelante actuaciones con un gran interés social".
"Se trata de un convenio por el que hemos luchado intensamente desde hace más de dos años, en donde se plasman compromisos por parte de las dos administraciones para el desarrollo de importantes actuaciones en la ciudad de Santander, por lo que consideramos que no se deberían haber perdido cinco meses, retrasando así la puesta en marcha de las actuaciones que contempla", ha insistido el edil.
APARCAMIENTO PARA RESIDENTES Y VPO
En concreto, el Convenio recoge las determinaciones esenciales para el desarrollo de tres actuaciones dentro de la ciudad: en la avenida del Deporte, 4, donde se ubica actualmente la Policía Nacional; la calle Alta, 81, que se corresponde con la Plaza de los Derechos Humanos; y la calle Alta, 32-A, es decir, la parcela donde se ubica Tabacalera, enfrente del Parlamento regional.
En cuanto a la parcela situada en la Avenida del Deporte, donde se ubica la sede de la Policía Nacional, lo que establece el convenio es el compromiso del Ayuntamiento de Santander de impulsar las determinaciones urbanísticas necesarias para la construcción de un nuevo equipamiento destinado a albergar dependencias de la Administración General del Estado en la ciudad.
Por su parte, en la Plaza de los Derechos Humanos, el Ayuntamiento propuso construir un aparcamiento subterráneo para residentes, con 175 plazas, después de constatar a través de varias reuniones con las asociaciones de vecinos de la zona, la demanda de plazas que existía y existe.
Entonces, recuerda Díaz, Patrimonio del Estado alegó que la plaza había sido objeto de una cesión en el año 1997 que determinaba que su destino debía ser el de espacios libres, parques, jardines y vial.
Desde un principio, el Ayuntamiento defendió que esta obligación no dejaba de cumplirse, aunque se llevara a cabo la construcción del aparcamiento subterráneo, pues la superficie seguiría cumpliendo los fines para los cuales fueron cedidos dichos terrenos, así como la utilidad pública y el interés social que tenía la construcción de un aparcamiento subterráneo para residentes de la zona.
En el convenio se plasma el compromiso del Ministerio de Economía y Hacienda para tramitar, en el plazo de seis meses desde su firma, el correspondiente expediente de modificación del destino de la cesión que permita la construcción y gestión del aparcamiento subterráneo por parte del Ayuntamiento de Santander.
En cuanto a la parcela de Tabacalera, ubicada en la calle Alta 32-A, que cuenta con una superficie aproximada de 6.250 m2 y una edificabilidad de 8.000 m2, una vez descontada la parte que fue objeto de cesión como consecuencia del traspaso a la Comunidad Autónoma de las funciones en materia de Justicia, el convenio lo que establece es el acuerdo entre las dos administraciones para que ese aprovechamiento que tiene la parcela y que se podría materializar en viviendas libres, se destine a la construcción de un edificio de viviendas de protección oficial así como de un aparcamiento subterráneo y una gran zona de espacio libre en superficie.
Por su parte, el Ayuntamiento se compromete a entregar a la Administración General del Estado, aptas para su uso y completamente terminadas, dos plantas de dicho edificio de aproximadamente 1.200 m2 cada una, así como 24 plazas de garaje.
De tal manera, que podrán resultar alrededor de 70 VPO con sus correspondientes trasteros y plazas de garaje, así como un remanente de plazas que podrán ser puestas a disposición de residentes de la zona.
