SANTANDER, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma (PGC) para 2012 entran en vigor este domingo, 1 de enero, tras su publicación en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de Cantabria (BOC) del sábado, día 30, que también incluye un anuncio de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, conocida como la Ley de Acompañamiento, y que igualmente entra en vigor hoy.
Tanto los presupuestos, que ascienden a 2.439 millones de euros, como la norma, que incluye la modificación de ocho leyes autonómicas, fueron aprobadas el pasado jueves por el Pleno del Parlamento regional.
Las cuentas públicas de este año suponen un incremento del 1,8% en relación a las del ejercicio que acaba de concluir. Se trata del primer presupuesto del Gobierno de Ignacio Diego cuya tramitación comenzó 20 días más tarde de lo habitual, por la decisión del Ejecutivo de presentar el proyecto en la Cámara después de las elecciones del 20 de noviembre. No obstante, la tramitación se ha ajustado al máximo en plazos para garantizar su entrada en vigor a primeros de 2012.
Del total de 2.439 millones, 208 millones son gastos financieros, de manera que el gasto efectivo se sitúa en 2.231 millones de euros, un 0,16% menos que el de 2011.
El presupuesto parte de una previsión de crecimiento de la economía cántabra del 1% del PIB, pero según el Gobierno, retrotrae el gasto a niveles de 2007, ejercicio en el que el presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma ascendía a 2.202 millones de euros.
Tras su aprobación, Diego valoró que los presupuestos empiezan ya a tener la "impronta" del PP pese a nacer "muy condicionados" por la situación económica y las "deudas" del anterior Gobierno de PSOE y PRC.
LEY DE ACOMPAÑAMIENTO
Por otro lado, también entra en vigor la Ley de Acompañamiento, que modifica de golpe 18 leyes autonómicas ordinarias y deroga, a través de una enmienda del PP, la norma aprobada por unanimidad en el primer semestre de este año para convertir el 112 en entidad pública empresarial.
Entre otras cosas, suprime el impuesto sobre las bolsas de plástico, elimina la Agencia Cántabra de Consumo, modifica la Ley de Cajas de Ahorros, así como el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, y actualiza las tasas, impuestos y precios públicos, aplicando una subida media del tres por ciento.
Además, introduce cambios en materias tan heterogéneas como la ordenación del turismo, defensa de consumidores y usuarios, los colegios profesionales, el servicio cántabro de salud, el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, o la ordenación sanitaria.
Este proyecto de ley llegó al Parlamento con informe negativo del Consejo Económico y Social, que entiende que muchas de las reformas en él recogidas deberían tramitarse de una forma individualizada, a través de leyes ordinarias, al no requerir tramitación urgente o no tener relación con el presupuesto.
Crítica que también han esgrimido los grupos de la oposición, que consideran que de esta forma, el PP perjudica el principio de seguridad jurídica y hurta el debate parlamentario en temas de importante trascendencia.
