EQUO pregunta cuánto va a costar a los cántabros el Alto del Cuco y pide la depuración de responsabilidades

SANTANDER, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

EQUO ha pedido al Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento de Piélagos que acaten la sentencia del Tribunal Supremo en el Alto del Cuco, impulsen la restauración ambiental de la zona y expliquen pormenorizadamente cuanto dinero público se ha dilapidado en este proceso y si queda pendiente el pago de indemnizaciones a la empresa promotora o a los compradores de las viviendas.

EQUO ha subrayado que en época de crisis y recortes, los cántabros tienen derecho a saber cuánto les va a costar las ilegalidades cometidas en el Alto del Cuco, y ha exigido la depuración de responsabilidades.

EQUO considera que la sentencia del Tribunal Supremo ratificando la ilegalidad del Plan Parcial del Alto del Cuco debe conllevar la dimisión o el cese del director general de Medio Ambiente, Emilio Flor, y la asunción de responsabilidades por parte del actual presidente del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego.

El partido verde reclama la dimisión o el cese del director general de Medio Ambiente, Emilio Flor, porque fue el responsable técnico de la evaluación ambiental que permitió construir la urbanización del Alto del Cuco. En 2003, Flor era jefe del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y su informe fue completamente rebatido en la sentencia dictada en 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, explica EQUO en un comunicado.

Además, solicita a Ignacio Diego que asuma algún tipo de responsabilidad por su "reiterado e incondicional" apoyo a la gestión urbanística del popular Jesús Ángel Pacheco al frente de la Alcaldía de Piélagos y, más concretamente, con relación a la urbanización del Alto del Cuco.

Por último, este partido de reciente creación felicita a ARCA -asociación ecologista que promovió la anulación del plan parcial del Alto del Cuco-, por su "hoja de servicios a favor de la legalidad urbanística" y lamenta que PP, PRC y PSOE "siguen trabajando como una piña en la dirección contraria, protegiendo con un manto de silencio a quienes actúan irregularmente y pactando en el Parlamento modificaciones a la carta de la Ley del Suelo y del Plan de Ordenación del Litoral (POL) para llevar a cabo disparates como generalizar la construcción de viviendas en suelo rústico".