SANTANDER, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, no ve "ninguna contradicción" en los intentos del Gobierno de Cantabria por legalizar la depuradora Vuelta Ostrera y la actitud del Ejecutivo regional frente a los derribos.
A preguntas de los periodistas, Fernández ha señalado que, tanto en los derribos de viviendas como en caso de la depuradora de Vuelta Ostrera, el Gobierno aboga por legalizar "lo legalizable", antes de derribar, por lo que, a su juicio, la postura del Ejecutivo regional es "absolutamente coherente" en estos dos casos.
Tras las declaraciones de AMA reclamando al Gobierno de Cantabria la regularización, legalización o "indulto" de todas las viviendas afectadas por sentencias de derribo en Cantabria, el consejero ha mantenido que "no es todo legalizable".
En este sentido, ha recordado que, de las viviendas que hay en Cantabria con sentencia firme de derribo, el Gobierno defiende que "un buen número de ellas" --unas 400-- podrían ser legalizables, pero no todas.
Según ha señalado, lo mismo ocurre con la depuradora de Vuelta Ostrera, que, a juicio del Gobierno regional, "encaja" en aquellas construcciones con posibilidades de ser legalizadas.
Así, ha explicado que el Gobierno de Cantabria ha planteado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, dirigido por Miguel Arias Cañete, la "necesidad" de, por lo menos, estudiar una alternativa "viable" y "con una sólida base jurídica", que permita legalizarlo.
"Para la legalización es necesario convencer a los órganos judiciales de que hay una alternativa de legalización y tiene que basarse en argumentos jurídicos", ha señalado.
Estas declaraciones del consejero llegan después de que AMA fundamentara la petición remitida al Gobierno para sus viviendas con la coincidencia del indulto que está pidiendo el Ejecutivo regional para otras construcciones, afectadas, según AMA, "por problemas similares". BITRASVASE
Por otra parte, Fernández se ha referido a la "reformulación" planteada por el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, del bitrasvase del Ebro.
Según ha explicado, se pretende con esta petición en torno al bitrasvase que se mantenga una "posición similar" al de otras comunidades autónomas para que Cantabria no tenga que asumir todos los costes de este tipo de infraestructuras hidráulicas.
LEY DE COSTAS
Además, y cuestionado por los medios de comunicación, Fernández se ha referido a la Ley de Costas y a la "necesidad" de abordar el problema que supondrá la finalización en 2018 de las concesiones de los terrenos de dominio público-terrestre sobre los que se ubican diferentes empresas e instalaciones en Cantabria.
A su juicio, la situación de los concesionarios debe resolverse favoreciendo, sobretodo, el mantenimiento de las empresas e instalaciones que existen en estos terrenos.
"Creemos que esos derechos deben de mantenerse y ahora lo que se está estudiando el Ministerio y el Estado es una reforma de la ley que de alguna manera haga viables la permanecncia de esos derechos y termine con esa incertidumbre", ha dicho.
