El nuevo proceso permitirá "blindar" y dar "seguridad jurídica" al Plan SANTANDER, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, ha asegurado que el Ayuntamiento de Santander era "consciente" de que sería necesario someter la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital a un nuevo proceso de información pública.
Este proceso se extenderá por el plazo de un mes, tras el cual se estima que entre tres y seis meses después se pueda aprobar definitivamente el documento, tras introducir las correcciones que esta semana le ha recomendado al Ayuntamiento la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria.
"Un mes para la reflexión está justificado si no es un mes perdido", según ha defendido a preguntas de los medios el consejero, quien ha dicho que los técnicos de la CROTU elogiaron el documento presentado por Santander.
Fernández ha rechazado que con sus sugerencias la CROTU se haya pronunciado en contra del Plan General que, al contrario, ha superado este trámite "con muy buena nota", según ha reiterado, afrontando con ello su "ultimísima fase".
Con la participación pública se conseguirá "blindar" y dar "seguridad jurídica" el Plan General, así como garantizar que tenga transparencia y participación.
Con todo, el consejero ha garantizado al Ayuntamiento de Santander que, una vez se incluyan las correcciones que se le han planteado --48 correcciones "técnicas" o de carácter formal--, la siguiente revisión se acometerá "infinitamente más rápido" porque el Plan no tiene "ningún obstáculo insalvable".
El titular de las competencias de Urbanismo, antiguo asesor jurídico del Ayuntamiento de Santander, ha admitido que le hubiera gustado acelerar el proceso, pero también ha hecho hincapié en que el Plan General de la capital es un documento "complejo".
Fernández ve "razonable" la "urgencia" que ha venido planteando el Ayuntamiento de Santander a lo largo de todo el proceso de aprobación del plan, que fue aprobado inicialmente por el Pleno municipal en diciembre del año pasado.
Y ha rechazado otras fórmulas empleadas en el pasado por la CROTU, como la aprobación condicionada.
