Se demolerán las 214 del Alto del Cuco y 17 en Cerrias
SANTANDER, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Piélagos y el Gobierno regional prevén legalizar 63 viviendas con sentencia de derribo a través de la concesión de las autorizaciones provisionales, de las cuales 41 --20 en Entrelindes y 21 en la L05-- ya se están tramitando por el Consistorio, y 22 en Cerrias, para las que se está "estudiando".
Así, habría que demoler, por no encontrar encaje en el Plan General de a Ordenación Urbana (PGOU) que se está tramitando, 231, 17 de las de Cerrias y las 214 del Alto del Cuco.
El inicio de la tramitación de las autorizaciones provisionales ha sido anunciado en rueda de prensa por el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, y el alcalde de Piélagos, Enrique Torre, quienes han explicado que estas autorizaciones se concederán una vez que se apruebe inicialmente el PGOU, según lo previsto, antes de que acabe el año.
Fernández se ha mostrado "convencido" de que las autorizaciones provisionales de Piélagos saldrán "adelante" y serán "aceptadas" por los tribunales y en ello tiene "todas las esperanzas puestas".
DEMOLICIONES EN CERRIAS Y EL ALTO DEL CUCO
En cuanto a las viviendas que se van a demoler, se va a ofrecer a los propietarios sustituirlas por otras de similares características y sin coste adicional para los afectados. "A los vecinos hay que dejarles como estaban", ha opinado el consejero, que cree que éstos deben quedar en situación de "indemnidad".
Aunque la primera opción que maneja el Gobierno es vivienda por vivienda, Fernández ha señalado que si no hay acuerdo en este sentido, se analizarán otro "de otra índole".
Sobre la demolición de las viviendas del Alto de El Cuco, ha anunciado que se prevé iniciar la demolición a finales de 2014 o principios del siguiente para acometer ya en 2015 la regeneración del monte en el que se ubican.
Ha anunciado que Fadesa, la constructora del Alto del Cuco, ha presentado un proyecto de demolición de las viviendas y regeneración del monte con un coste de 3,6 millones de euros, que los técnicos del Gobierno y del Ayuntamiento van a estudiar pero que, a priori, según Fernández, "va en línea" con lo que se quería.
Para afrontar el coste, el Gobierno regional prestará al Ayuntamiento el dinero y este lo tendrá que devolver en un "plazo más o menos largo". Además, qué parte debe devolver el Consistorio dependerá del expediente de responsabilidad patrimonial abierto.
Respecto a esta cuestión, Torre ha garantizado que el tener que asumir el préstamo del Gobierno regional "no va a afectar" ni a los servicios públicos del municipio ni a las inversiones. Según ha dicho, ya hay un plan económico que prevé cómo afrontar el coste.
UN "AÑO DECISIVO"
Más allá de los casos de Piélagos, Fernández ha declarado que 2014 va a ser un "año decisivo" par el Plan de Ejecución de Sentencias porque, en su opinión, todas las autorizaciones provisionales se van a poder otorgar este año. Piélagos, Escalante, Miengo, con 110, y luego Argoños, cuya situación, según el titular de Urbanismo es "más compleja" y con cuyos vecinos a van a mantener reuniones próximamente.
Así, según las previsiones del Ejecutivo regional, de las 835 viviendas incluidas en el Plan de Ejecución de Sentencias, se podrán autorizar provisionalmente unas 449 con el objeto de legalizarlas al tener encaje en los PGOU que se están tramitando en los municipios, y habría que demoler 386.
LA POSIBILIDAD DE LA CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL TJSC
En la rueda de prensa, el consejero ha sido cuestionado de nuevo sobre la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) plantee una cuestión de inconstitucionalidad sobre las autorizaciones provisionales, algo de lo que Fernández ha asegurado no tener "ninguna noticia" de carácter "real" o "jurídica", sólo "periodística".
Aunque ha reconocido que si fuera así sería una "decepción" para el Gobierno al considerar que la medida de las autorizaciones provisionales es "plenamente constitucional" y "respetuosa con la tutela judicial efectiva" ya que, al final, "todo el protagonismo" y la decisión final está en los jueces, Fernández ha asegurado que, "a efectos prácticos", al Ejecutivo regional "no le preocupa".
Según ha dicho, si se presentara esta cuestión de inconstitucionalidad, "daría tiempo" --unos dos años al menos-- a que se aprobarán de forma definitiva los PGOU y, tras ello, a conceder la licencia definitiva que diera legalidad a las viviendas a las que les haya sido otorgada la autorización provisional.
Según Fernández, en ese tiempo ni las autorizaciones provisionales podrían quedar suspendidas por esa cuestión de inconstitucionalidad que hipotéticamente plantearía el TSJC ni se podría tirar ninguna de esas viviendas con autorización.
Sin embargo, ha reconocido que el plantear esta cuestión supondría introducir un "nuevo elemento de inseguridad" e "incertidumbre" a las familias tras años de "vaivenes".
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