Obras Públicas intentará agilizar el pago de las ayudas de alquiler para abonarlas en dos meses, frente a los tres actuales
SANTANDER, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Cantabria espera aprobar en el plazo de unos dos meses el Reglamento que desarrolla la Ley de Control Ambiental Integrado, según anunció hoy el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martín, en el Pleno del Parlamento.
El documento se remite esta misma semana al Consejo de Estado para que emita su informe, un trámite que Martín calcula que se demore unos dos meses, para después trasladarlo al Consejo de Gobierno y aprobarlo definitivamente. La voluntad es aprobarlo "tan pronto" como se reciba el informe del Consejo de Estado y Martín confía en que sea "antes de Navidades".
Así lo dijo en respuesta a sendas preguntas de la diputada 'popular' Isabel Urrutia, quien criticó el "retraso" en la aprobación de este Reglamento, que debería haber estado listo en marzo del año 2007, tres meses después de la aprobación de la Ley en el Parlamento.
Según Urrutia, el "permanente retraso" del reglamento ha sido "orquestado y premeditado" por el consejero para "eludir" la evaluación ambiental del desarrollo eólico, ya que el proyecto supone "tal brutalidad" que ni el propio Gobierno "se atreve a evaluarlo". La diputada se preguntó "cuál es el miedo" del Ejecutivo y "qué intereses hay detrás", al tiempo que animó a Martín a no pasar a la historia "como el consejero que destrozó el medio ambiente".
Frente a ello, el titular de dicho departamento negó que el retraso en el Reglamento haya pretendido favorecer ni facilitar ningún plan del Gobierno y, además, recalcó que la falta de este desarrollo no impide aplicar la ley.
Reconoció que no se sienten "orgullosos" y que quizá fue "optimista" fijar tres meses de plazo en la ley para la aprobación del Reglamento, pero dejó claro que de lo que sí están orgullosos es del resultado final, y también elogió el "rigor absoluto" de la estrategia eólica en Cantabria, que se ha basado en una planificación como no se ha hecho "en ningún lugar de España".
AYUDAS DE ALQUILER
El PP también preguntó hoy en el Pleno por los plazos que tarda el Ejecutivo en pagar las ayudas de alquiler de vivienda porque, según el portavoz 'popular', Francisco Rodríguez, debe "mejorarse la gestión" para que sea "rápida, eficaz y urgente". En este sentido, criticó que se han dado casos de familias que hace 15 días no habían cobrado todavía los recibos de enero y febrero, unos "retrasos" que, en su opinión, generan "problemas" a los beneficiarios de las ayudas.
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, subrayó el volumen de expedientes que se manejan, pero admitió que se pueden mejorar los plazos y aseguró que van a hacerlo. El objetivo es recortarlos "por lo menos a dos meses", frente a los tres meses de media que se tarda ahora, apuntó al respecto. Y una vez se coja el ritmo, todos los meses serán sucesivos y todos los meses los beneficiarios "cobrarán algo", agregó.
INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS
Por último, los 'populares' formularon otra serie de preguntas en relación a la bolera cubierta de Los Corrales de Buelna y la piscina olímpica de Torrelavega. En lo que respecta a la bolera, la diputada 'popular' Tamara González criticó la "actitud irresponsable" del Gobierno, que llegó a poner nombre a una "bolera virtual" y ahora se "niega" a recibir a la alcaldesa de Los Corrales, Mercedes Toribio, para buscar una solución.
Por su parte, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Francisco Javier López Marcano, defendió la actuación de su departamento y cuestionó en cambio la del Ayuntamiento, por ser "incapaz" de aprobar a tiempo el Plan General de Ordenación Urbana.
Según dijo, el resultado es "un monumento a la incapacidad" de la gestión municipal y un gasto de 462.000 euros que ha habido que abonar a la empresa "por una no bolera" (50.000 euros por obras ya ejecutadas y otros 412.000 de indemnización por resolver el contrato), una cantidad que "seguramente" pagará el Ayuntamiento. "Si como dicen los servicios jurídicos de la Consejería, ésta no tiene responsabilidad, hará responsable al Ayuntamiento y le exigirá el pago de los 462.000 euros", sentenció.
En cuanto a la piscina de Torrelavega, Tamara González preguntó por qué no se ha licitado el proyecto como el de las otras cuatro piscinas que ejecutará el Consorcio creado a tal efecto, y animó al consejero a ponerse de acuerdo con el Ayuntamiento y "dejarse de disputas".
López Marcano recalcó que él no es competente en ese asunto porque el Consorcio es el que debe buscar los terrenos y señalar los plazos. Por ello, recomendó a la diputada "indagar" e "investigar" a través de los miembros del Consorcio.
