Cree que la CNMV "debería haber velado más" por la protección del inversor y haber puesto más diligencias a la venta de estos productos
MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado que el Gobierno está estudiando la posibilidad de publicar una normativa para mejorar la comercialización de preferentes por parte de las entidades financieras, "ya que son productos complejos que pueden generar incertidumbre entre la comunidad de ahorradores".
En esta situación se encuentran en Cantabria 15.000 familias, que suscribieron participaciones por valor de entre 400 y 500 millones de euros.
Durante su comparecencia en el Pleno del Senado, De Guindos ha reconocido que se han colocado estos títulos "a un perfil de inversor que no era el adecuado, básicamente a pequeños y medianos ahorradores, cuando es un producto mucho más de inversores institucionales".
Según el ministro, las acciones preferenciales son unos títulos "complejos", por lo que es "necesario" incrementar la supervisión y la información a los potenciales clientes. En este sentido, ha asegurado que "el Gobierno anterior olvidó introducir los necesarios elemento de claridad y transparencia con respecto a las características de estos productos y al impacto que podían tener sobre medianos y pequeños ahorradores".
Además, el responsable de la cartera de Economía ha destacado que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) "debería haber velado más por la protección del inversor y haber puesto mayores diligencias a la comercialización de estos productos".
"Nos hemos encontrado esta situación y sabemos la sensibilidad social que implica con los tenedores de estos productos. Por eso creamos dentro del Congreso una subcomisión sobre la transparencia de los productos financieros e hipotecarios de las entidades. Las conclusiones las tendrá en cuenta el Gobierno y se las hará llegar al Banco de España", ha señalado De Guindos.
PREFERENTES
En esta situación se encuentran en Cantabria 15.000 familias. Se calcula que Caja Cantabria vendió entre un 20 y un 30 por ciento de las preferentes a los afectados cántabros.
El colectivo está compuesto en su mayoría por personas de más de 65 años, que se estima han podido suscribir participaciones por un total de entre 400 y 500 millones de euros, con un valor medio de 40.000 a 60.000 euros, que fueron transformados en productos de riesgo, sin informarles exactamente de las condiciones en que se adquiría.
Se trata de un producto no solicitado ni buscado por los clientes, vendido irregularmente sin atender en modo alguno a lo que los consumidores querían o les convenía, y sin suministrar la información previa imprescindible, y que genera importantes pérdidas para el usuario después de haber sido colocado como si se tratase de inversiones a plazo fijo cuando se trata de deuda perpetua, no amortizable salvo a elección de la entidad y no cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos.
