SANTANDER, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Cantabria presentará el próximo mes de septiembre un borrador con posibles soluciones al problema de los derribos "vivienda por vivienda". El objetivo último es "evitar el mayor número posible" de demoliciones por una "razón práctica", ya que la actual situación económico financiera "impide" al Ejecutivo afrontar las indemnizaciones a las que tendrían derecho los más de 600 propietarios cántabros con este problema.
Así se lo ha trasladado este domingo el presidente de la Comunidad, Ignacio Diego, a representantes de AMA, la Asociación de Maltratados por la Administración que engloba a los afectados por derribos, en el transcurso de una reunión que han mantenido, durante casi una hora, en la sede del Gobierno.
Al término del encuentro, en el que también ha participado el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, Diego ha explicado a los periodistas que el "compromiso" adquirido por el Ejecutivo con las familias afectadas es "evitar en el mayor número de posible de casos el derribo" por la "incapacidad" de la Administración regional de abordar las indemnizaciones a las que tendrían derecho. "La situación económico financiera impide poder hacer frente a esas indemnizaciones", ha asegurado.
No obstante, para los casos en los que sean "ineludibles" las demoliciones, se van a buscar los procedimientos para indemnizar a los afectados por los daños materiales y morales, esto es, por la pérdida de la vivienda y el daño sufrido hasta ese momento.
En cualquier caso, el presidente regional ha mostrado su "voluntad de arreglar el problema", que es "un concepto abierto" que requiere "disciplina y trabajo", según ha dicho.
En este sentido, ha admitido que es "imposible" conseguir arreglar esta situación "en cien días", pero sí se puede, tal y como ha precisado, "sentar las bases", como harán con el borrador de soluciones que trasladarán a los afectados y a la justicia.
Diego ha subrayado también que los propietarios no tienen "ninguna culpa" de la situación en que se encuentran, sino que son las "víctimas" de una serie de "errores" en materia de urbanismo.
VOLUNTAD CLARA
El portavoz de AMA, Antonio Vilela, ha destacado por su parte la "voluntad clara" del Gobierno en general, y de su presidente y consejero de Urbanismo en particular, de "intentar solucionar" el problema.
En este sentido, el representante de los afectados ha reclamado "soluciones reales" a "veinte años de sufrimiento" y se ha mostrado partidario también de evitar el coste de "300 millones de euros" que, según ha dicho, tendrían que pagar "todos los cántabros" para acometer los derribos y hacer frente a las indemnizaciones.
También ha manifestado su voluntad de que se cumpla la ley tras la reforma de la norma del Suelo aprobada el pasado mes de abril para que los afectados que tengan que ser indemnizados cobren antes de los derribos.
Vilela, que ha hecho una valoración "muy positiva" de la reunión, ha recordado que cerca de medio millar de personas han realizado este fin de semana la VII Marcha a Santander, en la que han recorrido los 42 kilómetros que separan el municipio de Argoños de la capital para protestar por la "terrible" situación que padecen y poner fin a esta "injusticia".
En el transcurso del recorrido, se han entrevistado con diversos alcaldes y, una vez en Santander, con representantes del Parlamento, además de con los miembros del Gobierno.
