SANTANDER, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Consumo, ha gestionado 2.862 denuncias en 2013, de las que 140 han concluido con expedientes sancionadores. Los sectores que mayor número de denuncias aglutinan son los electrodomésticos, incluidos terminales móviles, los temas vinculados con aviación y con energía.
Además de estas denuncias, la Junta Arbitral de Consumo, como vía jurisdiccional extrajudicial, "rápida y eficaz" para la protección de los intereses generales y como instrumento para la protección del consumidor, ha tramitado en 2013 un total de 2.167 solicitudes, de las que 1.161 se han resuelto por mediación y por laudo arbitral, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado.
En la actualidad, se encuentran adheridas al sistema arbitral de Consumo 2.181 empresas a nivel autonómico, además de las adheridas a nivel estatal. El Gobierno tiene como objetivo el fomento de la adhesión de las empresas al sistema arbitral de consumo por las ventajas que éste supone. Por este motivo, continuarán las rondas de contactos con diversas compañías para plantear su incorporación a esta herramienta.
La actividad en la Dirección General de Consumo se ha dirigido también hacia la inspección, con campañas de control de etiquetados para la certificación de que la información solicitada sea la exacta y hacia la formación en consumo. En este último aspecto, se han realizado un total de 8 talleres dirigidos a los mayores, 10 para asociaciones de vecinos y 149 dirigidos a escolares de la región.
Además, el Gobierno regional ha subvencionado la actividad de asociaciones y oficinas de consumidores, concediendo 130.000 euros para colaborar en el mantenimiento de las asociaciones y cooperativas de consumidores y usuarios, así como de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC).
El objetivo de estas ayudas es proteger y defender los derechos de los consumidores y usuarios, así como apoyar y fomentar el servicio realizado por las organizaciones de consumidores y usuarios.
A estas ayudas se han unido las asociaciones y cooperativas de consumidores y usuarios, encargados de promover los intereses de los consumidores y ayudarles a hacer valer sus derechos. Para el desarrollo de esta labor, el Ejecutivo ha subvencionado este año con 70.000 euros a las tres organizaciones de este ámbito radicadas en Cantabria que lo solicitaron.
