La consejera de Empleo y Políticas Sociales niega que el borrador de la Ley de Vivienda ataque el derecho a la propiedad privada
SANTANDER, 17 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de España tiene hasta este jueves, 20 de mayo, para transferir a Cantabria los 55,3 millones de euros que le han correspondido del fondo estatal de ayudas directas de 7.000 millones y que, posteriormente, se repartirán entre autónomos y empresas hasta "agotar todo el dinero", sacando con este objetivo "todas las convocatorias necesarias" para ello.
Así lo ha indicado este lunes en el Pleno del Parlamento de Cantabria la consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez (PSOE), a preguntas del portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs), Félix Álvarez.
La consejera ha explicado que una vez que Cantabria reciba el dinero, se iniciarán los trámites para la concesión de las ayudas, un trabajo que deberán acometer las áreas de Cultura y Deporte --integradas en el departamento que dirige el vicepresidente regional, Pablo Zuloaga-- y la de Industria, Turismo, Transporte y Comercio, que lidera el regionalista Javier López Marcano.
Respecto a los plazos, Sánchez ha señalado que la "voluntad" del Gobierno es que esas condiciones de acceso a las ayudas "se publiquen lo antes posible" para que el dinero llegue a las empresas y autónomos "lo más rápido posible".
El portavoz de Cs se ha quejado de la tardanza, a su juicio, de Cantabria de suscribir el convenio con el Ministerio de Hacienda --algo que ocurrió el 4 de mayo, registrándose el día 6-- para la transferencia de esos 55,3 millones de euros y ha criticado al Gobierno por, según ha dicho, no haber agilizado el trabajo de elaboración de las convocatorias para que el dinero se pueda distribuir de manera inmediata en cuanto llegue.
La consejera ha señalado que desde la publicación el 21 de abril del segundo Real Decreto-ley relativo a estas ayudas (el 6/2021) hasta que el convenio pasó por registro, Cantabria invirtió 12 días hábiles, menos incluso --ha recalcado Sánchez-- que otras comunidades en las que gobierna Cs, como Andalucía (15 días).
"¿Allí también están siendo poco diligentes, lentos e ineficaces o ese argumento caduca cuando ustedes están en el Gobierno?", ha preguntado la consejera al portavoz naranja.
Además, ha indicado que otras comunidades, como Aragón, La Rioja, Baleares, Murcia o Canarias también han firmado sus convenios con el Ministerio más tarde que Cantabria.
También, y en respuesta a las críticas de Álvarez al Gobierno por no haber adelantado la convocatoria de estas ayudas, la consejera ha señalado que pueden hacerse "labores preparatorias de carácter interno" pero ha aclarado que no se puede tramitar el expediente de gasto que da soporte a la convocatoria hasta que llegue el dinero.
Lo que no ha aclarado la consejera es si Cantabria aprovechará la flexibilidad otorgada por el Gobierno central a las comunidades autónomas a la hora de ampliar a qué sectores y empresas conceder los fondos.
La consejera ha apuntado que, aunque se da a las comunidades la capacidad de modificar el listado de potenciales beneficiarios, se obliga a un "carácter excepcional" y a una motivación "debidamente justificada".
Por ello, Sánchez ha señalado que será la propia convocatoria o convocatorias de estas ayudas las que recojan qué actividades económicas estarán incluidas.
LEY DE VIVIENDA
También este lunes ha salido a la tribuna del Hemiciclo, en este caso a petición del grupo mixto-Vox, la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez (PSOE), para dar explicaciones sobre los criterios del Ejecutivo regional a la hora de elaborar el anteproyecto de la Ley Integral de Vivienda de Cantabria.
El diputado de Vox Armando Blanco ha afirmado que este borrador de ley es un "auténtico disparate", con "sesgo comunista" y supone un "ataque" a la propiedad privada.
La consejera ha contradicho las afirmaciones del diputado de Vox porque, según ha dicho, "no son ciertas".
Álvarez ha defendido que el anteproyecto, que está en periodo de información pública desde el pasado 28 de abril "para pulsar la opinión de la ciudadanía", busca desarrollar el derecho a una vivienda digna que recoge la Constitución.
En contra de lo señalado por Vox, la consejera ha negado que el anteproyecto suponga un "ataque" al derecho a la propiedad privada. "Lo garantiza", ha asegurado Álvarez.
Además, la consejera ha aclarado que el anteproyecto es un documento "vivo", abierto a las aportaciones y sugerencias de la ciudadanía (a nivel individual o colectivo) así como a la de los grupos parlamentarios. "No ponga el carro antes que los bueyes", ha pedido Álvarez a Blanco.
El diputado de Vox ha señalado que a su grupo "le preocupa enormemente la interpretación" que en el anteproyecto se realiza del concepto de "vivienda como un bien social" y la "colisión" que esta interpretación "más bien comunista que socialista" tiene con el derecho a la propiedad privada y a la libertad.
Blanco ha advertido que en el anteproyecto el Gobierno regional deja abierta la posibilidad de expropiar el uso de la vivienda por un supuesto incumplimiento de dicha función social de la misma en base a unos supuestos en los que el diputado de Vox tampoco se ha mostrado de acuerdo.
Además, ha afirmado que en el anteproyecto el Gobierno parece que "no se conforma" con expropiar el uso de la vivienda, sino que, además plantea sanciones para quien incumpla ese "fin social" de la vivienda.
También ha censurado otros puntos del anteproyecto, como el concepto de "gran tenedor".
A juicio de Vox, este anteproyecto "deja la puerta abierta" al "intervencionismo" que pretendió imponer el hoy exvicepresidente del Gobierno de España, Pablo Iglesias; que Pedro Sánchez "rechazó" por las "fuertes críticas" recibidas y que ahora el Ejecutivo regional "parece querer imponer por la puerta de atrás".
Blanco ha asegurado estar "de acuerdo" con la "función social" de la vivienda pero no en que se "pretenda nacionalizar el uso de la vivienda de todos los cántabros" a través de "imposiciones, sanciones y expropiaciones".
Y es que, a juicio de Vox, cuando se "rasca" en esta ley se aprecia que la "función social" de la vivienda no la va a garantizar el Gobierno sino que éste "pretende obligar" a que sean los ciudadanis los que la realicen "con su patrimonio" porque "son incapaces de crear un parque vivienda social" para atender a los más necesitados y "lo más fácil es expropiar el uso de la vivienda de los cántabros atacando el derecho a la propiedad privada de la clase media".
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS
Por su parte, el PP ha reclamado en el Pleno a la consejera de Educación y FP, Marina Lombó (PRC), un plan de actuaciones en infraestructuras educativas que abarque desde la actualidad hasta lo que resta de legislatura.
Y es que, a juicio de los 'populares', la Consejería está, en materia de infraestructuras educativas, en una "huelga de brazos caídos", solo "vende humo" y carece de una "hoja de ruta clara" más allá de la "simpatía" hacia algunos alcaldes del mismo partido que Lombó.
La consejera ha negado estas acusaciones, ha asegurado que desde su departamento se hace un "esfuerzo excepcional" por atender las necesidades existentes y ha garantizado que "se hace todo" lo que permiten los recursos disponibles.
En su intervención ha aludido a diversos actuaciones en distintos centros y, por ejemplo, ha anunciado que las obras de reparación de la grieta del colegio Dionisio García Barredo de Santander se va a ejecutar "este verano salvo que pase una hecatombe".
