Unas 4.000 personas están afectadas por EREs temporales en Cantabria
SANTANDER, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Mesa General de la Concertación Social ha alcanzado hoy un acuerdo sobre la que será la primera Ley de Participación Institucional de Cantabria, que regulará la presencia de los agentes sociales en los distintos órganos de representación pública.
Sindicatos, patronal y Gobierno de Cantabria han aprobado por consenso el borrador de este texto, que la Consejería de Empleo y Bienestar Social remitirá al resto de departamentos de la Administración y que se espera que esté aprobado por el Parlamento durante el desarrollo del actual período de sesiones.
Una vez aprobada, habrá un plazo de seis meses para que las instituciones se adapten al contenido de la Ley, según explicó en rueda de prensa, la vicepresidenta del Gobierno, Dolores Gorostiaga, quien informó del contenido de la última Mesa General de la Concertación Social.
En la Concertación Social también se ha analizado la evolución de los expedientes de regulación de empleo (ERE) temporales , que en la actualidad afectan en Cantabria a 4.000 personas. En enero, fueron 709, en febrero 1.775, en marzo 2.521 y en abril, un millar.
Gorostiaga enfatizó que los EREs se comportan como un "organismo vivo", dándose meses "malos" como los de febrero y marzo, frente a cifras menores.
En este sentido, la vicepresidenta mostró su preocupación por la situación de las personas que se encuentran en regulación, pero también hizo hincapié en su preocupación "especial" por los desempleados, y reiteró que en estos momentos debe "reforzarse" la política social.
Así, afirmó que el Gobierno realiza una "revisión permanente" de sus ingresos y realiza "ajustes" y "rebajas" en los gastos corrientes, pero descartó que se hagan en partidas que no afectan "para nada" a las políticas sociales y de empleo, que "permanecen con prioridad".
Además, Gorostiaga apostó por esperar al resultado de las conversaciones entre el Ministerio de Trabajo y el de Economía y Hacienda para "colaborar" en la "implementación" de medidas para la protección social de los desempleados que se adopten en el seno del diálogo social nacional.
REUNIÓN
En la reunión, que se ha celebrado hoy y se ha prolongado desde las diez y media de la mañana hasta las tres y media de la tarde, los agentes sociales y el Ejecutivo cántabro han estudiado el impacto sobre el empleo de las medidas para activar la economía, como el adelanto de la obra pública, el 'Plan Zapatero' o la orden de contratación a los desempleados en obras municipales.
También se analizaron sendos informes sobre la aplicación de la Ley de Dependencia en Cantabria y sobre el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales. Y se llegó a un principio de acuerdo sobre una orden para el incremento de la productividad y las ayudas a nuevas inversiones en la industria, que ascenderán a cinco millones de euros.
Al respeto, Gorostiaga precisó que su contenido no estaba cerrado definitivamente, y señaló que "jurídicamente no es posible" relacionar la concesión de estas ayudas con que las empresas beneficiarias no puedan destruir empleo, como se planteaba desde ámbitos sindicales.
No obstante, la consejera de Empleo y Bienestar Social avanzó que se ha llegado al acuerdo de que a las empresas se las pedirá una memoria explicativa sobre sus previsiones de crecimiento de empleo con las nuevas inversiones, de forma que los agentes sociales puedan "evaluar y conocer" esta situación.
Gorostiaga consideró que el diálogo social está "vivo", y se refirió a la reciente creación de la Mesa Sectorial de Turismo dentro de la Concertación Social, y también a que en los próximos días se convocará a la Mesa de Vivienda, en relación con lo que en breve se concretará con el Ministerio de Vivienda las obras que se financiarán en Cantabria.
