El Parlamento pide un estudio sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia que deben pagar el IBI

Colegiata de Santa Juliana
AYTO - Archivo
Publicado 12/11/2018 21:15:54CET

La vicepresidenta asegura que no ha cambiado la postura del Gobierno ni los criterios respecto a la alternativa a Vuelta Ostrera

SANTANDER, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes, con el voto en contra del PP y Ciudadanos, una proposición no de ley que pide al Gobierno de la Nación la elaboración, en seis meses, de un estudio de los bienes inmatriculados (registrados por primera vez) en el Registro de la Propiedad a favor de la Iglesia Católica desde 1978 hasta la actualidad, y cuáles deben pagar el IBI para que los ayuntamientos puedan reclamarlo.

La iniciativa ha sido impulsada por Podemos pero se ha modificado en varios extremos con una enmienda del PRC, entre otras cosas porque el texto inicial pedía el estudio al Gobierno de Cantabria. La resolución aprobada pide también que el estudio analice las posibles reclamaciones de la titularidad del dominio o de otros derechos reales inmatriculados si ésta se realizó sin la existencia de un título material.

Y que una vez se disponga del citado informe, el Gobierno de Cantabria realice un análisis documentado del impacto de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica en Cantabria en la gestión, conservación y difusión de los bienes incluidos en el catálogo general del patrimonio histórico de la región.

La portavoz de Podemos, Verónica Ordóñez, ha denunciado que el Gobierno del PP con Aznar de presidente, al modificar la Ley Hipotecaria y recuperar el privilegio de registrar bienes sin presentar el título de propiedad, "permitió una usurpación y un robo manifiesto de bienes a la sociedad" por parte de la Iglesia Católica.

ESTELA DE BARRIOS E IGLESIA DE CARMONA

El portavoz del PSOE, Víctor Casal, ha señalado que la Iglesia ha utilizado esta forma de proceder "en multitud de bienes de todo tipo", como la estela de Barros e "inmuebles que siempre fueron de tipo seglar". De hecho, ha asegurado que hay "un buen número de inmuebles" inmatriculados que "no tienen nada que ver con el patrimonio".

El portavoz del PRC, Pedro Hernando, ha destacado la necesidad de saber qué bienes inmatriculados no están exentos del pago de IBI conforme al Concordato para regularizarlos y "exigir a la Iglesia Católica, como a cualquier ciudadano, que pague sus impuestos". Hernando ha expuesto el caso de la ermita de San Antonio en Carmona, que el Obispado inmatriculó a su nombre pese a ser una cesión de una familia al pueblo, y "hubo que recurrirlo y se ganó".

El diputado del Grupo Mixto Juan Ramón Carrancio, ex de Ciudadanos, ha apoyado la iniciativa y ha dicho que hay más casos que el de Carmona. Sin embargo, el diputado de Ciudadanos, Rubén Gómez, ha votado en contra porque "en los términos en que está planteada no podemos apoyarla, si bien se ha mostrado en contra de los privilegios en el pago del IBI.

La portavoz del PP, Cristina Mazas, ha dicho que es una iniciativa "absolutamente demagógica e innecesaria" con la que Podemos trata de demostrar que es "más radical" que el PSOE e impedir que el Gobierno de Pedro Sánchez se "apunte un tanto" con este tema.

DEPURADORA DE VUELTA OSTRERA

En el mismo pleno, la vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, ha asegurado en respuesta a una interpelación del PP sobre la depuradora de Vuelta Ostrera, que "no han cambiado ni los criterios ni la actitud" del Gobierno de Cantabria, ni tampoco la "presión".

"Presión que sigue ejerciendo el Tribunal Supremo, que es quien tutela la ejecución" de la sentencia de derribo de la depuradora, ha añadido, a la vez que ha culpado al PP de que "estemos en 2018 todavía sin alternativa a Vuelta Ostrera, con una sentencia de demolición de 2005, dos prórrogas concedidas" y una tercera rechazada por el Tribunal Supremo, que "se ha cansado -ha dicho- de tantos engaños del PP".

Ha reiterado que en la reciente reunión con el Ministerio de Medio Ambiente, las dos administraciones han acordado "neutralidad política" y que la elección de la alternativa para ubicar la depuradora, que ningún ayuntamiento quiere, se base en criterios técnicos y sea la de "menor impacto ambiental y social".

Por parte del PP, el alcalde de Arnuero, José Manuel Igual, ha vuelto a pedir al Gobierno que "se moje en la solución" y diga qué ubicación prefiere, a la vez que ha sugerido que se incentive a los ayuntamientos con algún tipo de ayuda para que acepten la construcción de la depuradora en su territorio.