Aprueba que se elabore un registro de los puntos de abastecimiento de agua de consumo humano que no están conectados a sistemas de tratamiento
SANTANDER, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento de Cantabria ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley con la que insta al Gobierno regional a remitir trimestralmente a la Cámara un informe del grado de ejecución de los proyectos vinculados a fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia de cada una de las Consejerías.
La diputada del PRC Paula Fernández ha defendido esta iniciativa cuyo objetivo es poder verificar que se logran los resultados previstos en torno a los fondos europeos.
El PP ha aprobado la PNL pero ha reprochado a la regionalista que presente la iniciativa cuando ya se aprobó una moción similar la pasada legislatura para que el Gobierno de PRC-PSOE ofreciera "mayor transparencia" en torno a estos fondos "ante la falta de información, de liderazgo e incluso de proyectos".
Frente a ello, tanto la regionalista como la socialista Ana Belén Álvarez, que fue consejera de Economía, han defendido la transparencia durante su mandato y han asegurado que se informó trimestralmente tal como se acordó.
Además, Álvarez ha detallado que, según el último informe de su Gobierno a 30 de septiembre de 2023, Cantabria tiene ya ejecutados el 31,4% de los fondos europeos y en ejecución el 41,8%, de modo que "se ha desplegado en 22 meses el 74% del plan".
"Espero que el Gobierno de la presidenta Saénz de Buruaga ejecute en su totalidad el Plan de Recuperación, puesto que queda pendiente de iniciar el 26,8% del mismo y 30 meses para su finalización", ha apostillado.
Y desde Vox, Cristóbal Palacio ha señalado que la propuesta de informar trimestralmente "ya no tiene sentido", sino que ha defendido una web que actualice los datos de ejecución de los fondos en tiempo real. "Tenemos que ser mucho más exigentes", ha opinado.
REGISTRO DE PUNTOS DE AGUA PELIGROSOS PARA LA SALUD
También el Parlamento de Cantabria ha aprobado, por unanimidad, una iniciativa para que se elabore un registro "actualizado"
de los puntos de abastecimiento de agua de consumo humano que no están conectados a sistemas de tratamiento y cloración de agua y que, por ello, pueden suponer una riesgo para la salud pública en esos municipios.
En la iniciativa original, planteada por el PSOE, se daban 6 meses para la elaboración de dicho registro, un plazo que ha desaparecido en la enmienda planteada por el PP para que la propuesta que apruebe la Cámara sea "realista" una "declaración de intenciones que sabemos que no se puede cumplir".
Además, la iniciativa aprobada también reclama al Gobierno regional (PP) que elabore un plan que garantice el suministro de agua potable "en buenas condiciones de salubridad" a aquellos ayuntamientos y pedanías, especialmente del mundo rural, con dificultades para ejecutar obras de potabilización, cloración o abastecimiento.
Lo que no ha obtenido el respaldo del Pleno ha sido una moción del PRC en la que se instaba al Gobierno regional a conseguir, antes de final de año, un acuerdo sindical que permita la puesta en marcha de servicios comunes en los juzgados de Cantabria como paso previo a la aprobación de los decretos para la implantación de las oficinas fiscal y judicial "antes de abril de 2024".
En esta petición, los regionalistas solo han contado con el apoyo del PSOE, mientras han votado en contra PP y Vox, que han reprochado a los regionalistas que ahora planteen propuestas sobre cuestiones que no han hecho en estos últimos años de Gobierno bipartito.
El PP ha votado en contra, no porque no esté de acuerdo en la necesidad de trabajar en los pasos necesarios para la implantación de las oficinas fiscal y judicial, algo que, según el diputado Rafael de la Gándara ya se está haciendo, sino porque no está de acuerdo en que el PRC marque plazos a una negociación y dé dos meses para llegar a un acuerdo sindical.
"Meter prisa en las negociaciones no es bueno", ha afirmado el parlamentario popular, que considera que "trabajar bajo presión" iba a "perjudicar a negociación misma", una argumentación que le ha replicado la diputada del PRC Rosa Díaz, recordándole los "plazos y exigencias" del PP en su etapa en la oposición, menos "generosos", a su juicio, que los que ahora plantea el grupo regionalista.
Por su parte, Vox ha criticado la "insustancialidad" de la propuesta y ha opinado que ésta solo responde a la "necesidad" del PRC de demostrar que ejerce oposición al Gobierno.
En cambio, el PSOE se ha mostrado partidario de "continuar" con la negociación con los sindicatos que ha habido en la pasada legislatura e ir "ganando tiempo" para, una vez se aprueben las leyes de eficiencia en la Administración de Justicia, poder seguir dando pasos para la puesta en marcha de las oficinas fiscal y judicial.
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