CAMARGO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Ayuntamiento de Camargo ha aprobado este lunes, 29 de enero, en sesión ordinaria, las bases generales para la concesión de ayudas de emergencia social, que han contado con el apoyo de todos los grupos salvo la abstención del edil no adscrito y exconcejal de Servicios Sociales, Marcelo Campos, que ha criticado el trabajo de los técnicos del área.
Ello ha hecho que todos los portavoces municipales hayan salido en defensa de estos empleados municipales, empezando por la alcaldesa, Esther Bolado, que ha emplazado al exconcejal de Ganemos a rectificar sus "graves acusaciones".
Por lo que se refiere a las bases de las ayudas de emergencia social, el equipo de Gobierno PRC-PSOE ha aceptado las propuestas de IU y el PP de pasar del IPREM al salario mínimo interprofesional y de cubrir el 100% del gasto en actividades extraescolares, ahora limitado al 75%. La alcaldesa se ha comprometido a abrir una partida, si no hay informe técnico en contra, para financiar ambas mejoras.
Con estas bases se busca acelerar el régimen de las convocatorias a efectuar en cada ejercicio para atender las solicitudes de ayuda urgente de la manera más ágil, unificar criterios, y poder incluir en la misma tanto las ayudas que se conceden a través del Fondo de Emergencia Social como las prestaciones que efectúa el propio Ayuntamiento de manera autónoma.
Las bases recogen los requisitos económicos que tienen que cumplir los solicitantes para acceder a estas ayudas, y se ha incluido como requisito la obligación de escolarizar y/o mantener escolarizados a los menores de la unidad familiar perceptora asegurando la asistencia regular a los centros educativos, mantener la continuidad de los tratamientos de cualquier tipo así como las actividades de formación propuesta, y permanecer todas las personas de la unidad perceptora en edad laboral como demandantes de empleo así como aceptar las ofertas de empleo adecuadas.
SENTENCIA DEL SERVICIO DE INCENDIOS
Por otro lado, el Pleno ha rechazado, con el voto en contra del PP y la abstención de IU y Marcelo Campos, la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Servicio de Extinción de Incendios, para incluir una plaza de auxiliar de informática en lugar de la de programador, en cumplimiento de una sentencia firme del Juzgado de lo Social nº5 de noviembre de 2017 sobre modificación sustancial de condiciones laborales.
El portavoz del PP y exalcalde, Diego Movellán, ha advertido que no se reponen las condiciones del trabajador que ha ganado la sentencia, por lo que el Ayuntamiento queda expuesto a un nuevo recurso e incluso a una demanda por acoso laboral.
El portavoz del PSOE, Carlos González, y el portavoz del PRC y concejal de Personal, Héctor Lavín, le han respondido que se trata de una cuestión técnica que hay que acatar, independientemente de que el equipo de Gobierno "discrepe".
Al respecto, Lavín ha dicho que la sentencia supone "un menoscabo para todos los ciudadanos", porque el servicio de extinción de incendios "pierde un bombero por tener un programador, cuando ya tenemos en el ayuntamiento un departamento que se encarga de la informática". Por su parte, el portavoz de IU, Jorge Crespo, ha reclamado que salgan ya las oposiciones para cubrir las plazas de bombero.
Por otro lado, el Pleno ha aprobado con el apoyo de todos los grupos y el voto en contra del concejal no adscrito, una modificación del reglamento del Servicio de Extinción de Incendios para eliminar la exigencia de altura mínima; así como la modificación del reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil para permitir el acceso de mayores de 16 años, contando con el consentimiento de progenitores, tutores o representantes legales.
OFICINA DE ASISTENCIA
También se ha aprobado la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo con destino a la prestación del Servicio de Oficinas de Asistencia en Materia de Registro al que obliga la Ley 39/2015 de 1 de octubre, reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Esta normativa estatal conlleva modificaciones en el funcionamiento de los servicios generales como son los registros de entrada y de salida, con la introducción de gestiones electrónicas y digitales, lo que implica a su vez la necesidad de modificar la descripción de las funciones asignadas al personal de registro.
Dicha propuesta recoge que este servicio quedará configurado con dos plazas de administrativo y una plaza de auxiliar administrativo, por lo que deberán amortizarse de la plantilla municipal las plazas de auxiliares administrativos registro y ordenanza, para cuya cobertura se convocarán los procedimientos de promoción interna necesarios así como de ejecución de la oferta de empleo público.
En este punto, Movellán ha criticado el incumplimiento de los compromisos del equipo de Gobierno con los representantes de los trabajadores, y ha denunciado que "han desaparecido los tres millones de euros contraídos" para la plantilla municipal.
Lavín le ha replicado que "no sólo no han desaparecido sino que van a repercutir en los trabajadores y vecinos, y no en obras faraónicas", y ha dicho que el PP tuvo cuatro años para hacer la RPT y el estudio interno que lleva toda la legislatura actual pidiendo, y no lo hizo.
Con la abstención de Marcelo Campos y el apoyo de todos los grupos se ha aprobado la concesión al Centro de Educación de Adultos de una subvención de 3.230 euros; así como la propuesta de extinguir por acuerdo mutuo, a petición de la compañía, la concesión de ocupación de dominio público que la empresa Yergocan S.L. tiene desde el 10 de enero de 2014 para el quiosco que se ubica en la Plaza de la Constitución.
Por otro lado, el Pleno ha aprobado por unanimidad una declaración institucional que incluye la solicitud a Unicef Comité Español para iniciar los trámites para la obtención del Sello de Reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia, con el que se respalda a aquellos gobiernos locales que desarrollan labores a favor de la infancia y la adolescencia, y que forma parte de una iniciativa internacional que tiene como objetivo promover la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el ámbito local e impulsar la colaboración entre todos los agentes implicados en este ámbito.
