REINOSA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Partido Popular, Ignacio Diego, ha aseverado que la empresa Gamesa "debe estar" en el "futuro desarrollo eólico" en Cantabria.
Lo ha dicho en Reinosa, donde ha acudido a la jornada de puertas abiertas organizada precisamente por la empresa Cantarey-Gamesa, con motivo del 80 aniversario de la factoría, a la que asistió junto a la portavoz municipal del PP en Reinosa, Reyes Mantilla.
"Hemos querido con nuestra presencia reconocer la apuesta de esta empresa por nuestra región y en especial por la comarca campurriana", ha explicado Diego, quien ha lamentado que Gamesa quedara "excluida" del concurso de asignación de potencia eólica, en el que ve "una oportunidad perdida de aunar la necesidad de apostar por energías renovables, con el respeto a la ley y a nuestro paisaje".
"Mi compromiso es que en el futuro, Gamesa sea protagonista del desarrollo eólico de nuestra región, por su apuesta por Cantabria, por su implantación en Campoo, y por su presencia en el sector".
"Por todos es sabido que consideramos que la adjudicación de la potencia, 1.400 megavatios, es muy cuestionable, cuando nuestro plan energético solo permite 300", ha reiterado.
Diego ha señalado que el Gobierno "no sólo se ha puesto en contra de la ley, adjudicando cinco veces más potencia de lo que establece el Plan Energético", sino que también ha ido "en contra del sentido común", al no adjudicar "megavatio alguno" a Gamesa y Gestamp-Edscha, "empresas de larga tradición en nuestra región, y que mantienen cientos de empleos en una época tan complicada como la actual".
Para el presidente del PP, "la torpeza del Gobierno va mucho más allá, pretendiendo coaccionar a los colectivos sociales que se oponen al desmesurado concurso eólico, tratando de situarles en la esfera del Partido Popular, con el único argumento de que comparten la visión que tenemos sobre la dudosa legalidad y conveniencia de lo planteado por el Gobierno".
"El concurso eólico es fiel reflejo de lo que ha sido el Gobierno de Revilla durante estos más de siete años: imposición frente a negociación, coacción a los colectivos sociales que se oponen a sus planes, bordear la ley, y por encima de todo, no tener claras cuales son sus prioridades", ha manifestado.
