Denuncia que no se están cumpliendo las leyes de violencia de género
SANTANDER, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una moción en la que solicita la recuperación de todos los programas de atención a víctimas de violencia de género, especialmente de menores víctimas de maltrato o expuestos al mismo, que constituyen actualmente "el epicentro del problema", al tiempo que ha reclamado la implicación del Gobierno de Cantabria para hacer cumplir las leyes y exigir "una respuesta contundente" en el sentido de proteger a los menores "por encima de cualquier otra consideración".
En la moción, que se debatirá el próximo lunes 20 en el Parlamento, el PSOE también reclama que se cumpla la Estrategia Nacional 2013-2016, "que no se está cumpliendo en Cantabria", porque el actual Gobierno 'popular' "no considera una prioridad la violencia de género y no cumple las leyes".
Los socialistas pretenden hacer de esta cuestión "una batalla", siendo un "objetivo prioritario a eliminar" las resoluciones judiciales que "avergüenzan a toda la ciudadanía, que son indignantes y tienen fatales consecuencias", en las que "priman" las relaciones paterno filiales por encima del interés del menor.
Así lo ha expuesto en rueda de prensa la diputada del PSOE, Ana Isabel Méndez, quien ha denunciado que en Cantabria no se está cumpliendo la Ley de Violencia de Género, "ni la estatal ni la autonómica", cuyo cumplimiento ha considerado "muy urgente", en especial, en lo relativo a menores, y sobre todo a raíz de las "numerosas" resoluciones judiciales que "no están teniendo en cuenta el interés superior del menor por encima de cualquier otra cuestión".
Según los datos del informe del protocolo sanitario contra la violencia de género de 2011 recabados por profesionales, 2.026, el 2,17 por ciento, respondieron que actualmente la sufrían, y cerca del 6% --5.580 mujeres-- señalaron que habían sufrido algún tipo de maltrato. En 2013 se incrementaron las denuncias hasta las 1.137, hubo 353 mujeres víctimas con orden de protección --249 con protección policial--, dos fueron asesinadas.
Méndez ha recordado que las leyes, estatal y autonómica, son aplicables a los hijos de las mujeres víctimas de violencia, con lo que ha acusado al Gobierno de "dejación de funciones" en el cumplimiento de sus competencias en los ámbitos social, educativo y judicial.
En el social, ha denunciado que el Ejecutivo de Ignacio Diego ha cerrado recursos de acogimiento, en los que además las víctimas están menos tiempo, como en los pisos tutelados, donde la permanencia media es de tres meses cuando era de nueve en 2011. Igualmente ha afirmado que se deriva "la mitad" de víctimas con sus hijos al acogimiento y no es porque su situación haya mejorado ya que el 100% de las víctimas en acogimiento en 2013 estaban en paro.
"Han privatizado los recursos de atención y acogimiento vendiéndolos a la oferta más económica y las consecuencias son palpables, menos recursos, menos dinero y peor atención", ha lamentado Méndez, que ha criticado que se ha "privatizado y recortado" el centro de asesoramiento de Rualasal, al que ahora solo acude un 5% de mujeres por iniciativa propia, una cifra "escandalosa" a su juicio así como la de cero derivaciones.
La diputada también ha acusado a la Consejería de Sanidad de "dejar morir" el protocolo sanitario contra el maltrato, la comisión interdepartamental contra la violencia de género y la mesa mixta.
ÁMBITO JUDICIAL
Con todo, es el ámbito judicial el que más preocupa a Méndez porque es que el presenta la situación "más grave" como prueba que en 2013 la mitad de las denuncias terminaran con un sobreseimientos, "el cierre por la puerta falsa", según la parlamentaria, que ha alertado del incremento de este porcentaje --que era un 36,5% en 2012--.
Méndez ha señalado que en 2013 se solicitaron 367 ordenes de protección, de las que el 28% fueron denegadas y solo 48 conllevaron medidas civiles. En el mismo año, el 70,9% de las sentencias del juzgado especializado único de la provincia fueron condenatorias y de las absolutorias, el 50% corresponde al "muro procesal" provocado por el derechos a no declarar por parte del acusado y la renuncia de la víctima, un problema al que "hay que tratar de dar respuesta", según la socialista, que también se ha referido al "grave incremento" de la acusación cruzada como herramienta de los agresores contra las víctimas para librarse de una imputación.
Con todo, lo "más sangrante" para Méndez son los menores víctimas o expuestos a la violencia y doblemente victimizados al existir "una mayoría" de resoluciones judiciales que les obligan a seguir viendo al agresor de ellos mismos o de sus madres.
NÚMEROS ROJOS
Además, Méndez ha denunciado que la violencia de género en Cantabria está "en números rojos". Este año Cantabria ha sido la segunda comunidad que menos fondos ha recibido del Ministerio de Sanidad para este fin, 138.152 euros, de los que 14.262 se destinarán a los menores. Y en cuanto a la ejecución de los presupuestos de la comunidad autónoma para 2014, asciende a 127.804 euros de los 537.333 euros aprobados.
"El Gobierno de Cantabria no aplica la ley estatal, no aplica la ley autonómica, no aplica la estrategia nacional para la erradicación de la violencia de género 20113-2016. Se han convertido en papel mojado desde que gobierna el PP", ha sentenciado.
