Afirman que el Consejo "incumple" la Ley de Cooperativas por no incluir su renovación en Asamblea, solicitada por más de 400 socios
SANTANDER, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma de Afectados de la Cooperativa de Monte explicó hoy que el hecho de que se haya solicitado la renovación del Consejo Rector proviene de la "pérdida de confianza" en los miembros actuales, a los que solicitó que se retiren y "no entorpezcan" la solución del problema, el agujero de aproximadamente 15 millones de euros que afecta a los 2.300 socios y sus familias.
Según indicaron en rueda de prensa el portavoz de la Plataforma, Agustín Arriola, y el asesor legal de la misma, Ricardo González de la Lastra, del gabinete de abogados Mouro, "el mantenimiento de la actividad de la Cooperativa" es "un factor esencial, porque en última instancia la solución será la intervención de una entidad bancaria que continúe con la actividad", tal y como apuntó ya la Consejería de Economía.
Sin embargo, para el mantenimiento de dicha actividad, es "clave" la "confianza", cosa que los miembros de la Plataforma de Afectados no tienen en los miembros del actual Consejo Rector, toda vez que fueron ellos quienes "llevaron a la Cooperativa a la ruina", "como poco, por dejación de funciones".
Por ello, y a pesar de que el propio Consejo aludió ayer a la "responsabilidad moral" de conseguir "una solución al problema" para "no abandonar el barco", la Plataforma considera que "la primera obligación que tienen es no entorpecer una solución". "La mejor solución para la Cooperativa y para todos sus socios pasa por una renovación completa del Consejo Rector", sentenció Arriola, al tiempo que recordó que se han recogido más de 400 firmas de asociados para que se produzca dicha renovación.
De la Lastra explicó que esta "falta de confianza" de sus representados hacia el Consejo Rector provienen de las afirmaciones de sus miembros, cuando dicen que "el gerente les tenía engañados", y, en este sentido, se preguntó "cómo es posible" este extremo si los empresarios imputados cargaban sus facturas a la Cooperativa "con total normalidad y no lo hacían a escondidas, sino abiertamente y desde hacía muchos años".
Además, apuntó que era el Consejo Rector quien "firmaba las cuentas y las presentaba año a año a la Asamblea" y, asimismo, "firmaba el impuesto de sociedades que, por cierto, no coincidía con las cuentas aprobadas por la Asamblea".
ASAMBLEA DE SOCIOS
Por todo ello, el abogado, que no descartó que se emprendan acciones legales contra los miembros del Consejo aunque "por el momento no están previstas", defendió el derecho de la Plataforma de afectados a solicitar la renovación de este órgano.
Explicó, refiriéndose a la Asamblea de Socios que tendrá lugar el próximo domingo, que la Ley de Cooperativas contempla que "se incluirá en el orden del día los puntos que siendo competencia de la Asamblea soliciten más de 200 socios" y la renovación del Consejo rector, recordó, ha sido solicitada por más de 400.
Igualmente, aseguró que en el orden del día tampoco se ha incluido el examen de las cuentas anuales y la gestión social, contraviniendo la Ley, además de que la convocatoria se efectúa fuera de plazo, puesto que los estatutos de la Cooperativa establecen que se celebre "dentro de los seis primeros meses del año".
PROCESOS JUDICIALES
En otro orden de cosas, explicó que, por lo que respecta al procedimiento concursal abierto, se está a la espera de que "las Administraciones Judiciales del concurso presenten su informe con la expresión definitiva de las deudas y los créditos", que será "un instrumento fundamental para la toma de decisiones por el Gobierno de Cantabria, que en todo momento ha manifestado la necesidad de contar con el mismo".
Por otro lado, afirmó que la querella en la que la Plataforma de Afectados está personada, y que fue interpuesta por el propio Consejo Rector contra el gerente y seis empresarios que acumulan la deuda, está "orientada a conocer la intervención de cada uno y su grado de culpa".
Será "un procedimiento largo y durante la instrucción pueden ir apareciendo datos que inicialmente se desconocían", apuntó, al tiempo que aseguró que la información que, por distintos cauces, le llegue a la Plataforma será presentada en el juzgado, como se hizo con la documentación que hizo llegar un empresario, en la que "se pone de manifiesto" que se abonaba a la Cooperativa "cantidades por compras de herramientas y útiles que esa empresa nunca compró".
La publicación de la existencia de esta documentación hizo que los miembros del Consejo Rector exigieran ayer una rectificación. Sin embargo, González de la Lastra indicó que "lo que se ha hecho es aportar esta documentación al juzgado para que determine la responsabilidad de cada cual en el asunto" y parece que esto "a los miembros de la Junta Rectora les ha puesto muy nervioso".
