La alcaldesa niega que los vecinos estén pagando "un disparate" por el agua y destaca que es la tercera ciudad más barata
SANTANDER, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Ayuntamiento de Santander ha ratificado este jueves la aprobación inicial de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad para la implantación de la futura sede del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria en Puertochico, pero ha alertado de que la previsión de ubicar la Consejería de Cultura en el mismo edificio podría "distorsionar" la "identidad" del MUPAC.
Lo ha advertido así en la sesión el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, que ha expresado la "preocupación" del equipo del gobierno del PP, con las que se ha mostrado también de acuerdo el edil no adscrito Antonio Mantecón.
Ambos han sido los únicos que han intervenido en este punto del orden del día, que ha salido adelante por mayoría, con el voto a favor de todos los grupos y representantes salvo dos abstenciones: de Tatiana Yáñez-Barnuevo, portavoz de Ganemos Santander Sí Puede, y de Cora Vielva, ex de Ciudadanos.
Díaz, que también es primer teniente de alcalde y portavoz de los 'populares', ha mostrado la "inquietud" de su grupo por la pretensión del Gobierno regional (PRC-PSOE) de implantar en la misma parcela en la que se levantará el MUPAC la consejería del ramo, que en la actualidad aglutina las competencias de Educación, Cultura y Deporte, y que dirige el socialista Francisco Fernández Mañanes.
Frente a esto, el concejal del PP ha dicho que hay que "intentar" que no se "distorsione" la "identidad" del Museo, cuyos fondos se exhiben en la actualidad y en su mayoría en los bajos del Mercado del Este de la capital cántabra, después de casi un siglo de itinerancia por distintas sedes.
De hecho, parte del legado prehistórico y arqueológico de la Comunidad Autónoma ya se mostró en la ubicación proyectada ahora, en el inmueble que acogió la antigua Diputación Provincial, y antes de decidir que regresara a este emplazamiento se había previsto su implantación en Gamazo.
Por eso, César Díaz ha pedido que la Consejería del área "respete" la identidad del MUPAC, desde el punto de vista del continente (edificio) además del contenido.
"El hecho de que pueda existir un solo edificio que albergue el Museo y la Consejería, bajo nuestro punto de vista, no es positivo", ha manifestado el responsable municipal de Infraestructuras, que confía en que en el concurso de ideas que se convoque con motivo de este proyecto se incluyan cuestiones orientadas a que, en esa parcela, el MUPAC tenga "la identidad" que como Museo debe tener.
Antonio Mantecón se ha mostrado de acuerdo con el PP y ha considerado igualmente que se debería replantear la propuesta inicial del Ejecutivo autonómico respecto a ubicar la Consejería junto con el Museo, que tendría que tener "identidad suficiente" en tanto que Cultura debería situarse en una ubicación "distinta".
"LO QUE PAGAN POR AGUA LOS SANTANDERINOS NO ES UN DISPARATE"
Al margen de este asunto, en el Pleno se ha debatido -que no votado- sobre el informe de control financiero de la Intervención Municipal a Aqualia, concesionaria del servicio de abastecimiento de agua de Santander durante 25 años. El análisis realizado ha constatado que en los diez primeros del contrato la empresa ha obtenido un superávit mayor del previsto, de 790.000 euros más, a razón de 79.000 por ejercicio.
Esto ha llevado a la Junta de Gobierno Local a decidir no revisar las tarifas de 2019, lo que supone no repercutir en las mismas el incremento del 2,2 por ciento del IPC (Índice de Precios de Consumo), acuerdo de congelación de precios que el PSOE ha tachado de electoralista, ante la proximidad de los comicios autonómicos y municipales de mayo de 2019, porque "todo el mundo sabe lo que está pagando en el recibo del agua".
"A seis meses de las elecciones nos anuncian, en plan 'Robin Hood', que esto se ha ido de las manos y hay que corregirlo", ha comentado el concejal y candidato socialista, Pedro Casares, que ha achacado esta situación a la "privatización" del servicio de agua por parte del PP en 2006, y al modificación de las tarifas aplicada en 2012 para llevar a cabo una "subida encubierta" de las mismas, algo que también ha denunciado el portavoz de los regionalistas, José María Fuentes-Pila.
Esta situación, criticada por portavoces de los demás grupos y partidos que han intervenido, ha sido desmentida por el concejal de Medio Ambiente, José Ignacio Quirós, que ha asegurado que el 70% de los abonados paga "menos" que antes del cambio tarifario.
Y también ha sido desmentida por la alcaldesa, Gema Igual, que ha considerado que "lo que pagan los santanderinos por el agua no es un disparate". Ha apuntado que el precio no es mayor que en otras ciudades -es la "tercera" urbe "más barata", según ha afirmado-, por lo que ha considerado que no se está "abusando" en este sentido de los vecinos.
Además, la regidora ha aclarado que la decisión acordada no es "política", sino fruto de la fiscalización del servicio por parte de la Intervención. Y ha remachado que si hay algo que reclamar a la empresa, será "la primera" en hacerlo, a título personal e institucional. "El informe lo llevaré entre los dientes a Aqualia", ha comentado al respecto.
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
Donde sí ha habido votación es en la modificación del presupuesto para destinar 7 millones a amortizar deuda bancaria, cambio que ha salido adelante con los votos del PP y del concejal no adscrito David González, ex de Cs, la abstención de regionalistas y de Vielva y el 'no' del resto de la oposición.
Mientras desde otras filas han criticado la gestión del equipo de gobierno, la concejala de Economía, Hacienda y Empleo, Ana María González Pescador, ha destacado que la deuda bancaria del Ayuntamiento se ha reducido en cerca de 70 millones de euros en los últimos años.
Con los mismos catorce apoyos ha salido adelante la resolución del convenio urbanístico del planeamiento suscrito con Fuentellata que permitió incorporar cerca de 20.000 metros cuadrados repartidos en cuatro fincas para espacios públicos en la zona de Mataleñas y en el entorno del faro de Cabo Mayor.
Según el PRC, esta medida, consecuencia de la anulación del PGOU, conlleva el pago de 3,2 millones de euros, de los que una tercera parte corresponden a intereses de demora. Por lo demás, en este punto, 'populares' y socialistas se han vuelto a enzarzar en echarse la culpa de la nulidad del documento urbanístico por parte del Tribunal Supremo tras declararse ilegal el bitrasvase del Ebro.
También en materia económica, y esta vez con el 'sí' de los regionalistas sumado al del PP y González, se ha aprobado la revisión de las tarifas de taxi y de los aparcamientos subterráneos de la ciudad para 2019, que subirán aunque no alcanzarán del IPC.
En materia de cultura, y de nuevo solo con el respaldo del equipo de gobierno y el exedil de Cs, se ha aprobado el establecimiento del servicio y la puesta en marcha de la denominada 'Fábrica de Creación' en el futuro centro cívico de Castilla-Hermida, que contará el próximo ejercicio con 200.000 euros.
La obra empezará en enero aunque hasta 2020 -dos años más tarde de lo previsto- no entrará en funcionamiento esta iniciativa, muy cuestionada por la oposición, que se ha abstenido a excepción del voto en contra de Mantecón y Miguel Saro, portavoz de IU.
Los distintos partidos han tildado la propuesta de "mediocre", "ocurrencia", "cortina de humo" o "brindis al sol". También han acusado al PP de querer "empezar la casa por el tejado" debido a su "irresponsabilidad" y, de nuevo, por "electoralismo".
Finalmente, y por unanimidad, el Pleno del Ayuntamiento de Santander ha decidido nombrar Uco Lastra al pabellón polideportivo de Cueto.
