SANTANDER, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Inspección de Trabajo ha ordenado al Servicio Cántabro de Salud (SCS) completar la evaluación de riesgos en los centros sanitarios y planificar las medidas preventivas. Para cumplir este requerimiento, que se produce a raíz de la denuncia del Colegio de Enfermería por la implantación del programa de reducción de daños (dispensación de metadona), la autoridad laboral da sendos plazos al SCS. El límite será el 31 de julio para completar la evaluación y el 31 de agosto para poner en marcha las medidas preventivas.
Así se recoge en el escrito que la Inspección ha remitido al Colegio de Enfermería en respuesta a la denuncia presentada en el mes de febrero.
En dicho escrito, fechado el 9 de junio y del que ha difundido una copia la organización colegial, se subraya que los estudios realizados por el SCS sobre los riesgos derivados de actos violentos de los pacientes, no se ajustan "al alcance de las exigencias reglamentariamente establecidas".
Por ello, Trabajo requiere al Servicio Cántabro de Salud para que antes del 31 de julio revise y complete la evaluación de riesgos y, una vez tenga esa evaluación, planifique la actividad preventiva, incluidas medidas de prevención, información y formación a los trabajadores y previsiones de control y seguimiento. Para la implantación de las medidas, el plazo que otorga la autoridad laboral se extiende hasta el 31 de agosto.
El Colegio de Enfermería difundió hoy el escrito que les ha remitido la Inspección, después de que la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales asegurara ayer en un comunicado que Trabajo ha emitido informe "favorable" al desarrollo del programa de reducción de daños porque los pacientes incluidos en el mismo "no incrementan el riesgo de agresiones".
La Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería mostró hoy su satisfacción por la resolución de la Inspección de Trabajo, que "corrige la insuficiente prevención de riesgos en los centros de salud en los que se ha puesto en marcha" el programa.
Para el Colegio, "la redacción del Plan de Protección Laboral redundará en una mayor seguridad de todos los trabajadores de la Sanidad, así como de los ciudadanos que, en calidad de usuarios, accedan a los diferentes servicios".
