SANTANDER, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Unión Sindical Obrera (USO), ha convocado huelga general en la misma fecha que CCOO y UGT -este jueves 29 de marzo-, y con el mismo objetivo -la modificación de los aspectos "más perniciosos" de la reforma laboral y poner fin a los recortes sociales-, pero a través de una convocatoria "propia y diferenciada".
El sindicato, el tercero con más representatividad del país, ha convocado un acto central para esa jornada a las seis de la tarde en la Plaza Mayor de Torrelavega. Con carácter previo, la USO está convocando asambleas informativas en las empresas, y con afiliados y delegados.
La secretaria general, Mercedes Martínez, y el secretario de Acción Sindical, Miguel Angel González Colsa, han animado a la ciudadanía a secundar la huelga, especialmente al colectivo de parados, porque "como la huelga salga mal, las repercusiones de cara al futuro van a ser importantes", afirmó Colsa en rueda de prensa.
USO considera que el seguimiento de la huelga debería estar por encima del 70% para que sea un éxito. "Todo lo que vaya por debajo, probablemente no tendrá demasiadas consecuencias", afirmaron los sindicalistas, quien argumentaron que la unidad de acción sindical no ha sido posible porque la "distancia" que les separa de CCOO y UGT es "muy amplia".
En este sentido, Martínez explicó que las dos grandes centrales sindicales "han actuado previamente de colaboracionistas con las políticas de recortes", tanto con la firma del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que es "parte sustancial" de la reforma laboral, como de otros aspectos como la reforma de las pensiones públicas.
En todo caso, Colsa ha puntualizado que la huelga no es contra CCOO y UGT sino contra las medidas de un Gobierno que "en estos momentos tan duros no ha sabido resolver el problema económico y la única solución que se le ha ocurrido es tirar de la hucha y el bolsillo de los trabajadores".
USO considera que la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy "nos sitúa en condiciones de trabajo casi del siglo pasado" y no va a servir para crear empleo "por lo menos a corto plazo". De hecho, cree que "de aquí a dos años va a seguir destruyendo empleo", y denuncia que el abaratamiento del despido puede llegar en algunos casos hasta el 71%. Asimismo, critica la nueva regulación de los ERE y advierte de que el personal de las administraciones públicas "pueden ver seriamente afectados sus puestos de trabajo".
