El mural del ICASS en reconocimiento a la labor de los servicios sociales costó 6.500 euros más IVA
SANTANDER, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Dirección General de Vivienda del Gobierno de Cantabria está "atada de pies y manos" en torno al problema denunciado por los vecinos de las viviendas de protección oficial (VPO) del barrio Primero de Mayo de Peñacastillo, que, tras concluir el periodo de diez años de alquiler con derecho a compra, han recibido una valoración económica de sus casas por encima del precio de mercado.
Así lo ha dicho la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez (PSOE), quien ha reconocido que al Gobierno "no le gusta" el precio que la promotora ha puesto a las viviendas, pero "la cruda realidad es que los contratos cumplieron la normativa vigente".
Así, ha indicado que Vivienda se ha reunido con los promotores de las 140 VPO de Primero de Mayo y que estos insisten en que "es lo que tienen acordado" con los inquilinos por contrato y por tanto "pacta sunt servanda" (lo pactado obliga).
Y dado que ese contrato "cumple la legalidad" y el precio marcado se ajusta al Plan de Vivienda estatal 2005-2008, para el Gobierno regional "no es viable" modificar las cláusulas contractuales, que fueron visadas en su momento por la Dirección General de Vivienda.
La consejera se ha pronunciado así en el Pleno del Parlamento de este lunes a preguntas del diputado 'popular' Roberto Media sobre las actuaciones previstas para que los vecinos de los 140 inmuebles puedan ejecutar la opción de compra en unas condiciones adecuadas al precio de las viviendas.
Media ha destacado que el valor que se ha fijado a las VPO es "el doble del precio real de mercado" y ronda los 200.000 euros, y ha lamentado que "es triste" que un Gobierno regionalista y socialista sea "incapaz" de solucionar la situación a unas familias que "jamás pensaron estar metidas en este gran problema" cuando accedieron al alquiler con derecho a compra.
Ante las críticas del 'popular', Álvarez ha recordado que las viviendas se los contratos fueron visados por Vivienda durante el Gobierno del PP, en la legislatura 2011-2015, siendo entonces consejero de Obras Públicas y Vivienda Francisco Rodríguez Argüeso.
Por ello, ha pedido al PP que "no utilice la demagogia" con este asunto porque "si hubiera pensado que esas cláusulas eran abusivas lo podía haber derogado y no lo hizo". "A nosotros no nos gusta, pero la cruda legalidad es que esos contratos que cumplían la normativa vigente y los visaron ustedes", ha sentenciado la consejera.
MURAL DEL ICASS
Por otra parte, Álvarez ha respondido en el Pleno a preguntas también del PP, en este caso de la diputada Iabel Urrutia, sobre el mural pintado recientemente en la fachada del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) para reconocer la labor de los servicios sociales durante la pandemia.
Según ha informado la consejera, el mural ha costado al Gobierno regional 6.500 euros más IVA y se encargó a la Asociación Cultural de Artistas Independientes de Cantabria (ACAI).
Los 'populares' han sido muy críticos en este punto con el Ejecutivo por "derrochar dinero de todos en gasto improductivo" en un momento en el que los servicios sociales "están desbordados y necesitan más ayuda que nunca".
